El año pasado se pagaron 1 billón 106.000 millones de pesos por concepto del pago de demandas contra la Nación.
Así lo indica un reporte hecho por de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado.
El total de demandas que enfrenta la Nación llega a 214 billones de pesos, que es más de lo que cuesta el presupuesto nacional de este año, que asciende a 185 billones de pesos.

Las entidades con más demandas son la Fiscalía, algunos ministerios y empresas ilegales como las pirámides captadores de dinero.

¿Qué pasa?
Lo primero, según Adriana Guillén, directora de la Agencia, es que en Colombia se tiene hoy en día una mayor conciencia de los derechos que asisten a la ciudadanía y de los mecanismos que se tienen a la mano para conseguirlos por las vías legales. De esa forma, existen más causas por las cuales luchar y resulta positivo que la ciudadanía despierte. Sin embargo, no podemos olvidar que muchas de esas demandas se hacen por parte de lo que la sociología del derecho ha llamado “litigantes frecuentes”, cuyas acciones muchas veces sólo logran congestionar el sistema.

En segunda medida, está el Estado. Su responsabilidad. No solamente se trata de conformar a un grupo de abogados para que “ganen” todas las demandas que se hacen contra la Nación, o intimidar a los litigantes con el nuevo Código Contencioso Administrativo, que los obliga, si pierden, a pagar la diferencia entre lo que pretendían obtener y lo que estuvieron en capacidad de probar. No. Se trata más bien de que el Estado se ponga las pilas a garantizar los derechos, los servicios públicos que la Constitución ordena, a contestar (gran dolor de cabeza en materia de tutelas) los derechos de petición que se levantan como pregunta. Estamos hablando de esos pequeños detalles que nos ahorrarían mucho. No sólo en términos de administración de justicia, sino de plata.