–La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un oficial, un suboficial y tres soldados del Ejército Nacional por el asesinato de dos campesinos, uno de ellos un menor de edad, en desarrollo de un «falso positivo», ocurrido en el departamento de Córdoba.

Los uniformados enjuiciados, todos miembros del Batallón de Contraguerrilla Nro.10 «General Rafael Uribe Uribe», son el teniente Miguel Andrés Sierra García, el cabo primero William Sánchez Vaquero y los soldados profesionales Yailton Vega Ramos, Manuel Molina Venta, Janier Luis Torres Berrio, José Carlos Baleta Coronado y Fredy Darío Simanca Mendoza.

El informe del ministerio pública destaca que los militares manifestaron que los labriegos, de 15 y 21 años de edad, fueron abatidos en un enfrentamiento armado y que al momento de los hechos se encontraban armadas, portando lonas con uniformes de las Fuerzas Amadas.

Sin embargo, añade, las pruebas recaudadas a la fecha ponen en duda la posibilidad de enmarcar la muerte de estos dos ciudadanos en estas circunstancias.

Dos de los testimonios recaudados, entre ellos el de la madre de una de las víctimas, señala que la noche anterior a los hechos el soldado profesional Fredy Darío Simanca Mendoza visitó la casa de su primo, quien resultó ser una de las víctimas, y le propuso que se fuera con él para hacer un trabajo, procediendo a llevarse a su primo al día siguiente en una moto, así como a un amigo de su primo, quien resultó ser la segunda víctima.

Al respecto, el soldado Simanca Mendoza manifestó que “hizo parte del tercer equipo que realizaba desplazamiento el día de los hechos, pero que no asumió el enfrentamiento en el cual perdieron la vida dos sujetos, ya que su labor y posición era la de enfermero y permaneció en un lugar diferente a donde se presentó el combate, añadiendo que resultó ser primo de una de las personas dadas de baja, de quien sus familiares tenían conocimiento que estaba dedicado a labores ilícitas y por ello les preguntó que si deseaban declarar al respecto”.

Adicionalmente, el Ministerio Público manifestó que de las versiones rendidas por los implicados, en principio ninguno conocía que una de las víctimas era familiar del soldado Simanca Mendoza.

Adicionalmente, al parecer existen inconsistencias en los datos donde se habrían presentado los hechos, en los antecedentes de las víctimas, en la participación de los uniformados en el enfrentamiento, así como el gasto de munición y el conocimiento del parentesco de una de las víctimas con el mencionado soldado.

Por lo anterior, el Ministerio Público considera que los investigados habrían desconocido los principios de distinción y protección general de que goza la población civil ajena al conflicto armado y que no participa directamente en las hostilidades