Mariela Contreras Cruz, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero fueron tres falsas víctimas quienes fueron beneficiadas con indemnizaciones de más de 3.500 millones de pesos, estas personas habían engañado a las autoridades al argumentar que familiares suyos habían sido asesinados en la llamada masacre de Mapiripán.

Las falsas víctimas aceptaron los cargos de fraude procesal en concurso con estafa agravada. De acuerdo con la Fiscalía Contreras, Herrera y Arévalo basaron sus denuncias en flasas declraciones y presentando documentación irregular, que las cobijaron con el estatus de afectados por la matanza.

El monto de la indemnización que canceló el Estado, tras la condena en 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ascendió a 3.343 millones 582 mil pesos.