–La guerrilla del autodenominado ejército de liberación nacional, eln, secundó la posición de las Farc y rechazó la decisión del Procurador Alejandro Ordoñez de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hecho que consideró como un golpe a la paz y a la democracia.

«Este fallo es un hecho gravísimo de consecuencias políticas inimaginables, por la repercusión que tiene sobre la paz, la democracia y las garantías políticas, la credibilidad en las Instituciones del Estado y la confianza en la palabra entre gobernantes y gobernados», precisa un escrito del comando central del grupo guerrillero.

Añade que «visto a la luz de los procesos de paz que buscan poner fin al conflicto, la repercusión es mayor» y subraya que con este antecedente, sumado al de la exsenadora Piedad Córdoba, «la insurgencia y los movimientos sociales que vienen luchando por cambios en el país, difícilmente pueden creer en acuerdos que se suscriban con el gobierno, con la garantía que el régimen los respetará».

Reseña la decisión del Procurador de destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba y dice que «a la senadora le cobra el ser una mujer aguerrida, luchadora y comprometida con el pueblo, crítica sin tapujos del uribismo y el paramilitarismo».

Agrega que a ella le armó un expediente acusándola de tener relaciones con grupos delincuenciales, cuando lo que hacía era gestiones con las FARC-EP, para concertar los diálogos de paz.

A Petro–continúa diciendo– el haber sido guerrillero del M-19, la valentía con que denunció el paramilitarismo, el llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá, la desprivatización de la recolección de basuras manejada por cuatro poderosos empresarios de la familia ex presidente Uribe Vélez (William Vélez, Tomas y Jerónimo sus hijos), la vinculación salarial a los recicladores de las basuras y proponerse hacer de Bogotá una ciudad humana.

Luego subraya que «el procurador le arrebata a Piedad la investidura de Senadora y a Petro la de Alcalde de Bogotá, sin ser Juez de la República, cargos otorgados democráticamente por el voto popular. Pero no satisfecho con tal arbitrariedad, les condena a la muerte política durante 18 y 15 años respectivamente, inhabilitándolos para continuar haciendo oposición política al régimen».

El grupo guerrillero afirma que se solidariza y apoya con los afectados e invita a los movimientos sociales y políticos a unirse en una gran cruzada en defensa de la paz y la democracia.