Superfinanciero interpone recurso de reposición contra decisión del Procurador de destituirlo
–Un recurso de reposición presentó el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, para buscar la revocatoria de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez de destituirlo e inhabilitarlo por 12 años, dentro del proceso que le promovió por el sonado escándalo de Interbolsa.
El superintendente financiero salva su responsabilidad en los hechos y advierte que el fallo es desproporcionado y puede tener efectos negativos para el control fiscal de las entidades bajo su control.
Al efecto, el funcionario emitió el siguiente comunicado:
1. El Superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, dentro del término legal previsto, presentó a consideración del Procurador General de la Nación recurso de reposición contra el fallo dictado en su contra por medio del cual se le destituye e inhabilita por el término de 12 años.
2. El recurso presentado tiene por objeto que se revoque dicha decisión y se le absuelva de los cargos disciplinarios.
3. Como lo ha señalado el Superintendente, en esta oportunidad se discute el alcance de la discrecionalidad que la ley le da para el ejercicio de sus funciones. En otras palabras, se trata de una diferencia de criterio entre la Procuraduría y la experiencia técnica de más de 90 años de la Superfinanciera, sobre lo que se debió hacer con la información disponible el 18 de julio de 2012 frente a la negociación de la acción de Fabricato.
4. Esta diferencia de criterios es relevante para la supervisión financiera y el sistema financiero en general, pues puede limitar la acción de la supervisión financiera en contravía de las mejores prácticas internacionales, que abogan por la discrecionalidad necesaria del supervisor para analizar temas tan delicados y complejos según su conocimiento técnico para preservar la estabilidad del sector financiero colombiano.
5. Como es de conocimiento público, el fallo de la Procuraduría se fundamenta en que, luego de una reunión realizada en el despacho del Superintendente el 18 de julio de 2012, a criterio del Ministerio Público, éste ha debido suspender la negociación de la acción de Fabricato y presentar denuncia penal por la posible manipulación de dicha acción y de la posible manipulación de liquidez de la especie de la Bolsa Mercantil Colombiana –BMC-.
6. En el recurso presentado se demuestra que para la fecha de la citada reunión no había elementos suficientes para que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 6 del decreto ley 964 de 2005, existiera temor fundado que hubiera motivado la suspensión de la acción de Fabricato.
7. En la citada reunión se presentó a consideración del Superintendente información no concluyente en una investigación que adelantaba en ese momento la Dirección de Conductas tendiente a determinar la posible manipulación de la acción de Fabricato, información que no era técnicamente contundente, como se probó en su momento y se reitera en el recurso presentado, para ordenar su suspensión.
8. Igualmente se demuestra que para el 18 de julio de 2012 no existían los elementos que componen el tipo penal previsto en el artículo 318 del Código Penal, razón por la cual de haberse presentado la denuncia se hubiera configurado un posible delito de falsa denuncia. Vale la pena recordar que fue el mismo Superintendente quien en el mes de noviembre presentó la denuncia sobre la posible manipulación de la acción de Fabricato y que la Superintendencia ha apoyado de manera permanente a la Fiscalía General de la Nación en la imputación de cargos en el proceso penal. Igualmente, que la Superintendencia presentó en el mes de enero de 2013 la denuncia en lo que hace referencia a posible manipulación de liquidez de la BMC, una vez se configuraron los elementos necesarios para hacerlo.
9. Los otros dos funcionarios de la entidad afectados por la decisión de la Procuraduría también presentaran los respectivos recursos de reposición, dando cuenta que sus actuaciones fueron ajustadas a la ley.
10. El Superintendente Financiero y demás funcionarios de esta Institución acatan y respetan las decisiones del señor Procurador General y esperan confiados que los argumentos presentados en el recurso de reposición lleven a la revocatoria de la decisión tomada en su contra.