La iniciativa radicada en Secretaría de Senado este miércoles por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, revive algunos apartes que habían quedado sin piso hace dos legislaturas, y que fueron desechados por la Corte Constitucional.

Con la inciativa, el Ministerio de Defensa pretende reglamenta el comportamiento que deberán cumplir los cerca de 500 mil integrantes de la Fuerza Pública dentro del marco del conflicto armado, la defensa de la paz y la seguridad de los colombianos.

La propuesta incluye una alternativa eficiente para que los operadores jurídicos orienten sus procesos contra los integrantes de la Fuerza Pública, por conductas cometidas dentro del marco del conflicto armado; incluso en un eventual escenario de justicia transicional.

De esta manera, el Ministerio de Defensa pretende armonizar el derecho penal interno con el Derecho Internacional Humanitario en un ejercicio jurídico emblemático que permita a la Fuerza Pública cumplir mejor con su deber de mantener la seguridad y la paz en todo el territorio nacional.

El proyecto enuncia los delitos que deben estar en la justicia ordinaria con el ánimo de evitar las interpretaciones divergentes sobre conceptos como “ejecución extrajudicial” y los crímenes de lesa humanidad pero, sobre todo, no darle campo a la impunidad en ninguno de los procesos judiciales existentes y darles plenas garantías a las víctimas.

Finalmente, para el Ministerio de Defensa, la investigación y el juzgamiento de conductas de los miembros de la Fuerza Pública con plenas garantías para todos los colombianos, no perjudica en modo alguno con las expectativas de paz que todos compartimos: los objetivos de esta iniciativa son de largo aliento y trascienden cualquier coyuntura.