La plenaria del Senado aprobó el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, sobre la creación de la Ley Anticontrabando, que propone una restructuración de la norma vigente la cual lucha contra la competencia desleal realizada por personas y organizaciones incursas en operaciones ilegales de contrabando, lavado de activos y defraudación fiscal en Colombia.
“La iniciativa ha sido ampliamente discutida en distintos escenarios y con la participación de los distintos gremios de la coalición empresarial, y que el contrabando, además de ser un problema fiscal, es un problema de seguridad, pues detrás de las bandas de comercio ilegal se esconden los grupos al margen de la ley” expresó el coordinador ponente, senador Manuel Enríquez Rosero del partido de la U.
Añadió que, “Entre las consecuencias que trae el contrabando al país están la afectación a la producción nacional, pérdida de fuentes de empleo, problemas de salud, además de generar un impacto negativo en el desarrollo de las regiones, y en especial en las zonas de frontera”.
Por su parte, el senador Jorge Robledo del Partido Polo Democrático, hizo referencia a la tipificación del delito de contrabando técnico dentro de este proyecto de ley y que a su juicio no aparecía en la propuesta. Explicó que este tipo de delito está relacionado con la subfacturación o sobrefacturación de mercancía, y quienes incurren en este son las grandes empresas. Por este delito, explicó, el país deja de percibir anualmente más de 6 mil millones de dólares.
Otro de los legisladores que manifestó su total apoyo al proyecto fue Mauricio Lizcano, del partido de la U, quien resaltó lo importante del mismo, y más aún cuando se habla de una reforma tributaria que involucra directamente a los grandes comerciantes por lo que consideró que «no podemos exigirle al sector industrial formal un pago alto de impuesto mientras otros no pagan impuestos porque se benefician del contrabando». Agregó que darle visto bueno a esta iniciativa es enviarle un mensaje garantista al sector industrial, a la economía y a los entes territoriales, que son los que más perjudicados con esta problemática.
El proyecto de ley, fortalece el tipo penal de fraude aduanero y contrabando buscando atacar más al lavado de activos y no al pequeño contrabandista, al tiempo que fortalece a la Policía Aduanera en la lucha que mantiene el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, contra el contrabando, en puntos neurálgicos del país.
