La Fiscalía General de la Nación solicitó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una condena de al menos 20 años de prisión en contra de la exdirectora de DAS, María del Pilar Hurtado. De igual forma el ente investigador pide una condena de 10 años de prisión para el exsecretario de presidencia, Bernardo Moreno, ambos requerimientos dentro del proceso que hay en su contra por las llamadas “chuzadas” cuando era presidente de la República el hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

Sumada a la pena purgatoria, la Fiscalía solicitó una multa de 66 millones de pesos y una inhabilidad de 200 meses para ejercer cargos públicos para Hurtado y una multa de 25 millones de pesos y una inhabilidad de 145 meses para ejercer cargos públicos para Moreno.

El ente investigador solicita una «sentencia ejemplar» debido a la gravedad de las acusaciones “como medida para prevenir que no se cometan más este tipo de delitos”. Además pide que los acusados no sean cobijados con ningún tipo de beneficio debido a que se trata de cargos contra la administración pública.

Ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los había declarado culpables al encontrar que fueron ellos quienes dieron las órdenes para adelantar seguimientos e interceptaciones ilegales en contra periodistas, magistrados, políticos y figuras públicas y usar el DAS para propósitos diferentes al de inteligencia, lo que provocó arbitrariedades e injusticias.

Hurtado es acusada de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones agravado, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. Por su parte, Moreno es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.

María del Pilar Hurtado se entregó a las autoridades panameñas el pasado 31 de enero del año en curso, luego de conocer la decisión de la Interpol de tramitar una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia colombiana.

Inmediatamente fue entregada a las autoridades colombianas y traslada a Bogotá, donde el Tribunal Superior legalizó su captura y ordenó su reclusión en los calabozos del bunker de la Fiscalía General de la Nación.

Según el fiscal Montealegre se tienen pruebas contundentes contra la ex directora del D.A.S por las interceptaciones ilegales en contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición en Colombia y defensores de derechos humanos.