–La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilitación por 15 años para desempeñar cargos públicos a cuatro exdirectivos del Banco Agrario de Colombia S. A., por tramitar y otorgar irregularmente créditos por más de 221 mil millones de pesos a floricultores quebrados.

Según el órgano de control, a pesar de que los análisis financieros mostraban las deficientes condiciones financieras de los solicitantes, el Banco Agrario concedió créditos a empresas del sector floricultor que actualmente presentan una siniestralidad de más del 50%.

Los sancionados, en decisión de primera instancia, con destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, son Jaime Restrepo Vélez, vicepresidente comercial; Luis Alberto Mora Penagos, vicepresidente de crédito, cartera y garantías; y Luis Fernando Giraldo Cardona, gerente nacional de Crédito; y por el término de 11 años a Liliam Adriana Arévalo Ordóñez, en su condición de gerente nacional de Crédito.

En el comunicado, la procuraduría señala que el entonces vicepresidente comercial a través de la circular CR-195/08 estableció que la evaluación de las solicitudes de la línea especial de crédito al sector exportador estaría soportada principalmente en criterios cualitativos y en la viabilidad del proyecto, esto llevó a que se tramitaran y aprobaran solicitudes de crédito sin una evaluación integral, desatendiendo los criterios cuantitativos, como lo exigen las normas que gobiernan el otorgamiento de créditos.

Bajo este panorama, subraya, la flexibilización de las condiciones para acceder al crédito, sumada a las circunstancias financieras que atravesaban la mayoría de sus beneficiarios se constituyeron en hechos que prácticamente anticipaban que los deudores no podrían asumir el posterior pago de los créditos, pese a lo cual, el vicepresidente de Crédito y los gerentes de Crédito recomendaron las operaciones a los comités de aprobación.

La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que aunque el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) reglamentó que “(…) las personas jurídicas solicitantes del crédito deberán contar con los requisitos mínimos para el otorgamiento del crédito que se exige en la reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera”, el cuestionado banco no tuvo en cuenta los análisis mínimos establecidos por la citada entidad de inspección y vigilancia en la Circular Básica Jurídica 100 de 1995.

Consideró el órgano de control que muestra de la alta exposición de recursos públicos por parte del Banco Agrario, es su intento por recuperar por las vías judicial y administrativa cerca de 115 mil millones de pesos que dejaron de ser pagados por varios de los beneficiarios de la línea especial de crédito, desembolsados entre los años 2008 y 2010.

Las faltas de los exfuncionarios fueron calificadas como gravísimas cometidas con culpa gravísima por desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

En esta misma providencia el ente de control disciplinario absolvió a David Guerrero Pérez, quien para la época de los hechos se desempeñó como presidente del Banco Agrario.

Contra este fallo de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, concluye.