–La Procuraduría General de la Nación planteó en las últimas horas la supresión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, tras advertir que éste no ha superado las secuelas de la oleada de corrupción que lo afectó entre 2003 y 2008 y en la actualidad es un organismo ineficiente, débil, sin rumbo y sin capacidad de gestión.

La jefe encargada del Ministerio Público Martha Isabel Castañeda Curvelo sostuvo que se debe considerar una reestructuración de esa entidad que contemple incluso su supresión.

Según la funcionaria, el Incoder es una institución que quedó debilitada por la oleada de corrupción que la afectó entre los años 2003 y 2008 y que se manifiesta en los 141 procesos disciplinarios abiertos en contra de funcionarios de esa entidad, de los cuales, el 57% son relacionados con la adquisición de predios no aptos para adelantar programas de reforma agraria y sobre costos en los precios de adquisición”.

En desarrollo de un encuentro del sector agrario realizado en Paipa, Boyacá, la Procuradora encargada presentó las conclusiones del más reciente estudio elaborado por el Ministerio Público sobre el Incoder y la institucionalidad agraria en Colombia..

La funcionaria destacó que el estudio, elaborado por los procuradores judiciales ambientales y agrarios intervinientes de todo el país, establece que el Incoder «no ha superado los graves problemas de gestión que se traducen en ineficiencia e inapropiada prestación del servicio, situación que es imputable a una excesiva centralización, a plantas de personal insuficientes en las territoriales y a la falta de credibilidad y legitimidad”.

Advirtió que algunas de las causas de este grave panorama en el Incoder corresponden a “los actos de corrupción flagrante y cooptación por grupos armados al margen de la ley”.

Entre las irregularidades identificadas figuran la compra de predios situados en zonas de inundación, terrenos pedregosos y sin fuente de agua, sin vías internas adecuadas para transportar los productos de los proyectos que se pretendieron desarrollar, predios improductivos sin infraestructura, en zonas inestables, predios sin vocación agrológica, es decir, no aptos para adelantar programas de reforma agraria.

Señaló, además, que el estudio “dejó en evidencia que la entidad (Incoder) se puso al servicio de actores violentos y en contra del campesinado, que se convirtió en su víctima”.

Agregó que “la gestión del Incoder está delimitada por su debilidad institucional y por su falta de credibilidad y legitimidad” y que «es necesaria una institucionalidad fuerte para el campo, independientemente de escenarios de posconflicto”.

Finalmente la alta funcionaria expresó: “No es la suscripción del acuerdo de paz del que deriva una mayor cobertura para atención de salud o una mayor cobertura de cupos para colegios, simple y llanamente son cometidos estatales que deben ser cumplidos por las entidades del orden nacional y local, es decir una buena gestión y una política adecuada no están supeditadas a ningún documento exterior al que define la Constitución política de Colombia”.

“La Procuraduría General de la Nación reitera que está dispuesta, a través de todos sus funcionarios, a cumplir y hacer que se cumplan con los cometidos estatales que nos rigen”, concluyó.