–La Corte Suprema de Justicia impuso este jueves una condena de 14 años de cárcel a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y de 8 años de prisión domiciliaria al exsecretario de la presidencia de la República Bernardo Moreno, como responsables de las chuzadas realizadas a magistrados, periodistas y políticos en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Hurtado fue también inhabilitada por el mismo periodo — 14 años– para desempeñar cargos públicos.

La Corte halló culpable a Hurtado de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. La exfuncionaria deberá pagar una multa de 53 salarios mínimos, el equivalente a 34 millones 150 mil pesos.

En el caso de Moreno la sala penal lo encontró culpable de concierto para delinquir, determinador del delito de interceptación ilícita de comunicaciones y autor de abuso de autoridad por acto arbitrario y abusivo. Igualmente fue inhabilitado por el mismo tiempo de la pena de presidio y su multa será de 6.64 salarios mínimos.

Según la Corte Suprema, Hurtado y Moreno se unieron en una estrategia común, que tuvo como fin usar los recursos y a funcionarios del organismo de inteligencia para conseguir información para atacar a varias personas consideradas opositores o críticos del gobierno Alvar Uribe Vélez.

El magistrado Fernando Castro Caballero, en la ponencia que presentó en febrero de este año, hizo al respecto las siguientes precisiones:

“Si bien era la agenda de requerimientos de la Presidencia la que fijaba los parámetros de inteligencia, esta propende por la seguridad del Estado respetando los derechos y las garantías constitucionales y en general desarrollarse en el marco de la legalidad. Nada tenía que ver la obtención de expedientes, datos sobre procesos y de parapolítica o los temas que se trataba en las Salas Plenas con la protección de la seguridad nacional o la institucionalidad del estado de derecho, tampoco por establecer si algunos magistrados eran cercanos a Giorgio Sale, que fue la justificación que fallidamente suministró la Presidencia de la República para revestir de legalidad el procedimiento desplegado por el DAS a efectos de obtener la información que se le había requerido”.

En ese entonces, al finalizar los alegatos de conclusión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Delegada ante el alto tribunal María Victoria Parra pidió a los magistrados condenar de manera ejemplar a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, y al ex secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno por delitos relacionados con espionaje.

En su intervención, la fiscal Parra sostuvo que se trató de una empresa criminal conformada desde la Presidencia de la República de la época de los hechos, la cual utilizó recursos de inteligencia estatales para perseguir a magistrados, políticos, periodistas y líderes sindicales.

Añadió que exfuncionarios de la Presidencia, del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), amparados en su posición privilegiada, emitieron y ejecutaron órdenes carentes de fundamento legal, con el fin de desprestigiar a personas públicas y particulares consideradas por el gobierno como blancos y objetivos políticos.

“Fue una empresa criminal, de la que formaron parte Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado; ejecutó una pluralidad de comportamientos que lesionaron y pusieron en peligro la administración pública, la libertad individual y la confianza en las instituciones”, aseguró entonces la delegada de la Fiscalía.

Sostuvo que la organización al margen de la ley tuvo vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo, ya que se acreditaron durante el juicio uno a uno los actos ilícitos que desarrollaron los procesados desde el año 2005 hasta su prolongación al 2009.

Igualmente afirmó la fiscal, que se trató de una estructura organizada de poder, la cual era promovida por Bernardo Moreno mediante acciones ilícitas para ser cumplidas por los demás integrantes de la estructura ilegal al servicio de intereses particulares.

El escándalo de las interceptaciones ilegales estalló en febrero de 2009 cuando la revista Semana publicó un informe sobre la forma cómo funcionarios del DAS venían grabando ilegalmente las comunicaciones telefónicas de magistrados, políticos de oposición, funcionarios del Estado y miembros de ONG, entidades internacionales de derechos humanos y periodistas.

La fiscalía abrió una investigación, en desarrollo de la cual involucró a tres ex directores del DAS: Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado.

Después fueron vinculados al proceso el ex-subdirector del DAS José Miguel Narváez, la directora operativa, Luz Marina Rodríguez; el exjefe de contrainteligencia del mismo organismo , Jorge Alberto Lagos y el exjefe de Inteligencia, Fernando Tabares.

En desarrollo de la investigación se desencriptaron alrededor de 1.000 gigas de información, incluidos audios, que fueron encontrados en las salas de interceptación ‘Vino’ y ‘Plata’ del DAS.

También se examinaron 236 números que fueron ‘chuzados’ ilegalmente desde las salas de ese organismo de inteligencia con el fin de establecer a quiénes pertenecían.