La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado denunció ante general Palomino amenazas de muerte
Ante el propio director de la Policía, general Rodolfo Palomino, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años de prisión por su presunta responsabilidad en las “chuzadas” del organismo a magistrados, periodistas y opositores políticos, denunció amenazas de muerte contra su vida y la de su familia.
De acuerdo con una carta escrita de su puño y letra y enviada al general Palomino, Hurtado pide que sea recluida en algún centro perteneciente a la Policía, debido las cruentas amenazas que ha recibido contra su vida y familiares cercanos. Además, asegura que la Fiscalía tiene conocimiento de su situación, por lo que insiste que sea en el Centro de Estudios de la Policía -Cespo-.
“Pido que se estudie la posibilidad de hacer efectivo mi traslado a una unidad policial o al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) como mi sitio de reclusión. He sido informada por parte del señor director del CTI que en la actualidad se encuentra investigando una amenaza reciente contra mi vida, detalles de la misma que desconozco pero le podrán ser informados por el doctor Dany Julián Quintana”, señala una parte de la misiva.
Atendiendo la solicitud, el director de la Policía Nacional envía un oficio al director del Inpec donde dice que «se autoriza la reclusión en la Estación de Guías y Carabineros de la Mebog”.
La exjefa de la entidad, quien fue deportada de Panamá, será enviada desde el bunker de la Fiscalía donde se encuentra recluida, a la Escuela de Carabineros de Bogotá, en donde se encuentra tambien recluido el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Caro investigado en el proceso que se adelanta por su presunta responsabilidad en el desfalco a la ciudad en el denominado “carrusel de la contratación. El traslado de Hurtado, se da atendiendo la solicitud de un juez de ejecución de penas.
La exdirectora del DAS, es acusada en Colombia de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir.
