Dando respuesta al recurso de súplica presentado por el Gobierno Nacional, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la acción judicial presentada, en contra de las medidas cautelares emitidas por ese alto Tribunal sobre la enajenación del activo mayoritario del Estado de la empresa electrificadora Isagen.

El tribunal de lo contencioso administrativo suspendió provisionalmente la venta del 57% de las acciones del Estado de Isagén, mientras se resuelven de fondo las acciones judiciales presentadas.

El Ministerio le solicitaba a la Corporación que revocara la decisión al considerar que no hay elementos que comprueben el riesgo que esta venta podría ocasionarle a las arcas del Estado o el daño para el interés público.

El Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno tomó la medida cautelar, mientras resuelve la demanda presentada por el presidente de Sintaisagen, Helber Castaño, quien argumentó que “el Estado no puede no vender las acciones, o que si se toma la decisión de hacerlo estas deben ser a la comunidad en general”.

La medida se tomó no propiamente por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad sino para evitar posteriores y eventuales daños al interés público en caso de que se adjudicaran las acciones a los inversionistas privados.

La acción civil se presentó ante la decisión del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo el pasado 14 de mayo que profirió medidas cautelares consistentes en la suspensión temporal de la subasta y demás actos relativos con la enajenación de las acciones que la Nación tiene en Isagén S.A. E.S.P, uno de los activos más queridos por los colombianos.

Cabe recordar que un grupo de legisladores de varias colectividades del Congreso de la República, presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para evitar la venta de la electrificadora, que según cálculos, su venta podría costar más de 2.200 millones de dólares.