Por las supuestas contradicciones en dos procesos distintos que intentan determinar si el contrato de arriendo que suscribió la excontralora Sandra Morelli, fue legal o no, la sociedad Proyectos y Desarrollos I S.A, propietaria del inmueble en el que hoy funciona la nueva sede de la Contraloría General de la Nación, presentó un escrito de recusación contra el actual Contralor, Edgardo Maya Villazón.

El escrito de recusación señala que “No tiene sentido lógico alguno, y viola la norma constitucional de la buena fe, del que se deriva el postulado de la confianza legítima, que el Señor EDGARDO MAYA VILLAZÓN en su actual condición de Contralor General, defienda la legalidad del contrato de arrendamiento frente a una determinada autoridad judicial solicitándole a esta que se declare su validez (Consejo de Estado) y simultáneamente, ante otra (Tribunal de Arbitramento), presente como pretensión principal la declaratoria de su nulidad con objetivos y propósitos que, por obvias razones, tienen que ser diametralmente opuestos», indica el escrito de recusación.

«Los hechos anteriormente descritos evidencian la violación, por parte del funcionario implicado, de la obligación de no ir contra sus propios actos, conducta que se agrava cuando el hecho de sostener dos posiciones radicalmente contrarias se produce frente a dos jueces diferentes, circunstancia que implica que frente a alguno de los dos jueces, la entidad no está manifestando con veracidad su posición», agregan.

Además, la entidad solicita al procurador Alejandro Ordóñez, que se profiera una medida cautelar en la que Maya sea suspendido de ambos procesos ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Arbitramiento.