El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, negó este lunes la recusación presentada por la defensa de Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en contra del fiscal tercero delegado ante la Corte, Juan Vicente Valbuena.

El objetivo es que el fiscal Valbuena se alejara de la investigación que se adelanta contra Patrón, quien actualmente se desempeña como procuradora de la Unidad de Infancia y Famlilia, por el presunto despojo de las haciendas Altobonito y La Corona en el Urabá antioqueño a sus legítimos dueños por parte de los paramilitares.

El despacho del fiscal general negó las pretensiones de la recusación radicada el pasado 7 de mayo, en la cual se argumentaba que el fiscal Valbuena había filtrado información a los medios de comunicación por lo que se estaba vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa.

“Los servidores públicos tienen como función sólo aquellas otorgadas por la Constitución, la ley y los reglamentos de manera que toda conducta por fuera de ello es constitutivo de arbitrariedad y/o desviación del poder, por lo que ello implica que tales actuaciones no están al servicio del Estado y la comunidad».

El deber de confidencialidad sólo se puede dejar de lado cuando se le dé cumplimiento a otro deber o por necesidades de la Justicia, nada más de los cual está presente en el caso concreto”, indicaba el recurso.

Se espera que en los próximos días se tome una decisión de fondo en esta investigación en la que se busca establecer si la procuradora conocía que las tierras que adquirió le habrían sido despojadas a sus legítimos dueños por el accionar de los paramilitares en la región.

Frente a este punto, se consideró que no existían los motivos para que el fiscal se alejara de la recaudación de elementos probatorios, por esto se reactiva el caso en contra de Patrón, quien ya rindió interrogatorio a finales de abril. En dicha diligencia aseguró que desconocía que dichas tierras hubieran sido despojadas por parte de los grupos paramilitares.

Por estos hechos, la Fiscalía General le compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue la presunta participación del expresidente de la Corte Constitucional en estos hechos. En declaraciones a los medios, el magistrado aseguró que no se presentaron acciones ilegales en su compra.

Por último, la Fiscalía cuenta con el testimonio de Reinaldo Villalba, un campesino, quien aseguró que fue obligado a vender su finca La Corona por parte de los paramilitares. Igualmente la otra propiedad fue despojada por las AUC.