De acuerdo con el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, el ente acusador pedirá, ante un Juez de la República, una acción de nulidad por las presuntas irregularidades que se cometieron en la acreditación de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco.
Según Perdomo, por estos hechos, el ente acusador imputará cargos en contra de Liliana Mera Abadía quien fue directora de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, al igual que a Erika Marina Hurtado Zabala, representante de la Fundación Ébano de Colombia, Funeco, por su presunta responsabilidad en la expedición de certificaciones falsas que habrían permitido que se inscribieran candidaturas de personas que con documentos adulterados simularon cumplir con los requisitos que la ley prevé para la postulación de aspirantes a la circunscripción de minorías afrodescendientes.
“La Fiscalía ha podido establecer que se expidieron estas certificaciones en forma fraudulenta influyendo en el proceso de inscripción, expedición de credenciales y los actos de posesión, por eso vamos a pedir una audiencia de restablecimiento provisional del derecho con el propósito de impedir que los efectos producidos por el delito continúen, de este modo se suspende provisionalmente el acto de inscripción de las credenciales de elección y de los actos de posesión que de ellas se haya derivado”, explicó el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres.
Perdomo aseguró que, al parecer, en estos casos se expidieron documentos y acreditaciones de manera fraudulenta en el proceso de inscripción de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco.
El ente investigador solicitó audiencia de restablecimiento del derecho contra Liliana Mera Abadía, exdirectora de Asuntos de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, y Erica Marina Hurtado Zabala, representante legal de la Fundación Ébano de Colombia (Funeco), Las investigadas serán procesadas por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, así como por fraude procesal.
Según las investigaciones las funcionarias indujeron al error a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, ya que evadieron los controles de la organización electoral para verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
La audiencia se realizará el próximo 24 de junio, en la que se les imputará los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
