Nacional

Emiten primeras sanciones a empresas de transporte con aplicativos tecnológicos

uberpopVeintitrés sanciones impuso la Superintendencia de Puertos y Transporte a empresas y a conductores –investigados desde el pasado 4 de marzo– que fueron sorprendidos por la Policía Nacional prestando de forma ilegal el servicio público de transporte individual en vehículos de servicio especial a través de aplicativos tecnológicos.

Luego de los operativos que ha realizado la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) en el presente año, en los que se han inmovilizado vehículos y se han impuesto comparendos a conductores en todo el país, la Superintendencia determinó sancionar en primer instancia –con multas de hasta 700 SMLMV– a empresas, propietarios de vehículos, tenedores y/o conductores vinculados a este proceso, debido a que sus acciones transgredieron y/o promovieron la transgresión de la regulación definida para la prestación del servicio público de transporte individual y especial.

“Nuestro país cuenta con una reglamentación legal para regular la prestación del servicio público de transporte; por lo tanto, toda empresa y/o persona que no la cumpla debe ser investigada y sancionada según las normas”, advirtió Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, refiriéndose al resultado de las investigaciones que la entidad adelanta desde marzo pasado.

La Supertransporte ratifica así su compromiso con la lucha en contra de la ilegalidad en el transporte público; por tal razón, intensificará las acciones conjuntas con las demás autoridades para combatir a empresas y a conductores que, entre otras formas de ilegalidad, presten el servicio de transporte público a través de aplicativos tecnológicos.

“El problema aquí no es la tecnología, sino el servicio ilegal que algunas empresas y personas prestan a través de ella”, agregó el superintendente Jaramillo, quien aprovechó para invitar a los emprendedores de nuevas tecnologías a entender que “no basta con tener una buena idea, también hay que ajustarla a la normatividad vigente de cada país para no estar por fuera de la Ley”.