En una nueva decisión, la Procuraduría General de la Nación sancionó por corrupción y, con destitución del cargo e inhabilidad por dieciocho (18) años al exalcalde de Boogtá, Samuel Moreno Rojas involucrado en el escándalo del denominado “carrusel de la contratación” de la ciudad.

La decisión del organismo de control se da, según argumenta el organismo, por hechos de «ineficiencia administrativa», ante el colapso de la movilidad y frente a la grave situación que en su momento se vivió en la administración Distrital.

Por esta situación el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en el año 2011, suspendió y ordenó inhabilidad especial por el término de 12 meses contra Moreno Rojas quien fungía en su momento como alcalde mayor de la capital de la República.

En virtud de la anterior decisión, el despacho del procurador general inició un nuevo proceso para investigar la cesión del contrato 137 de la Fase III de Transmilenio que el ‘Grupo Nule’ le hizo al Grupo Empresarial Vías de Bogotá (Conalvías), en el que, presuntamente, el entonces mandatario distrital, Samuel Moreno Rojas, tenía intereses directos e ilegales de dicha cesión.

Después de practicadas y analizadas las pruebas referenciadas, el procurador probó, la intervención de Samuel Moreno Rojas en la cesión, en donde fue determinante la declaración de Inocencio Meléndez Julio, jurídico del IDU, quien afirmó que los directores del Instituto de Desarrollo Urbano no hacían nada sin la previa autorización del entonces alcalde mayor de Bogotá.

Igualmente, se determinó que a través de maniobras de engaño y presión, Liliana Pardo Gaona, directora del IDU para la época de los hechos y actual prófuga de la justicia, impidió que otras empresas pudieran participar en igualdad de condiciones en la negociación de la cesión, la cual el Grupo Nule le hizo a Conalvías, a pesar de que ese grupo empresarial no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras. Cabe precisar que, a pesar de las falencias antes mencionadas de Conalvías, el IDU, con la intención de favorecer a este grupo empresarial, las avaló.

La cesión del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tequendama el 18 de febrero del 2010, con la activa participación de Samuel Moreno Rojas, quien direccionó ese acto para que se cediera el contrato única y exclusivamente a la promesa de sociedad futura Vías de Bogotá, cuyo principal accionista era Conalvías, que para esa fecha no estaba habilitada ni jurídica ni financieramente para adelantar las obras de Transmilenio en lo que correspondió a la Fase III de la calle 26.

Una vez hecha la cesión, el IDU procedió a modificar las condiciones del contrato, en precio, plazo y disminución de obra, a través de otrosíes que se firmaron entre febrero y octubre de 2010, los cuales generaron unos sobrecostos que favorecieron en más de 190 mil millones de pesos a Conalvías.

Además, la investigación demostró en grado de certeza que el Grupo Empresarial Vías de Bogotá no devolvió los más de 28 mil millones de pesos al IDU del anticipo del contrato, ya que Liliana Pardo Gaona, como directora general del IDU, determinada por Samuel Moreno Rojas, omitió el cobro por dicho monto a Conalvías.

Por último, este complejo y minucioso proceso de investigación disciplinaria arroja como resultado probado que el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, se interesó ilegalmente en el acto de cesión con el que se favoreció a Conalvías por un contrato por valor de 218 mil 352 millones de pesos, aproximadamente.

«Está probado de manera suficiente y concreta que Samuel Moreno Rojas fue quien hizo nacer la idea de la transgresión de la ley tanto en Liliana Pardo Gaona como en Néstor Eugenio Ramírez Cardona, también exdirector del IDU, por lo que actuó como determinador», argumentó el Procurador.