El Presidente Santos anunció que la declaratoria de reservas «temporales» de 57 zonas que buscan salvaguardar los ambientes ecológicos, tiene efectos inmediatos en el catastro minero. “¿Qué quiere decir esto? Que sobre estas áreas no se podrán otorgar –por lo menos durante los próximos dos años– nuevas concesiones ni títulos mineros”.
El Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –con base en el principio de precaución– está declaró nuevas áreas de especial importancia ecológica que quedan reservadas temporalmente frente a actividades mineras.
Las nuevas áreas corresponden a 57 sitios en diferentes regiones del país, y suman 1 millón 450 mil hectáreas.
Estas nuevas 57 áreas se complementan con las ya reservadas por el Gobierno el pasado 13 de julio –cuando se reservaron 6 zonas con un área de 1 millón 660 mil hectáreas–, para un total nacional de 3 millones 110 mil hectáreas protegidas bajo esta figura, y 3 millones 110 mil hectáreas más, igualmente protegidas.
“Para que se hagan una idea, esto es como declarar área protegida una extensión superior a la del departamento de Santander, o un área parecida a la de Bélgica”, dijo Santos.
Esta declaratoria de reservas temporales estará vigente por dos años, término dentro del cual las Corporaciones Autónomas Regionales deberán adelantar el procedimiento establecido para la declaratoria como áreas protegidas del nivel regional.
En este periodo deben realizarse los estudios técnicos, los estudios económicos, sociales y los estudios ambientales del caso; la coordinación con otros sectores; la socialización con los diferentes actores y la consulta previa con comunidades étnicas cuando a ello haya lugar.
Y una vez se hayan realizado las declaratorias, estas nuevas áreas protegidas harán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país –SINAP–.
El compromiso del gobierno nacional, es declarar al menos 2 millones y medio de hectáreas como áreas protegidas.
Esta declaratoria de reservas temporales tiene efectos inmediatos en el catastro minero.
¿Esto qué quiere decir? Que sobre estas áreas no se podrán otorgar –por lo menos durante los próximos dos años– nuevas concesiones ni títulos mineros.
La medida es excepcional y provisional, es decir, es por el tiempo necesario mientras se producen las declaratorias definitivas como áreas protegidas.
