Este jueves fue radicada una demanda contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación por supuestas torturas y privaciones ilegales a un grupo de personas durante las manifestaciones del Paro Agrario por parte de las autoridades.

En la demanda se citan 10 casos en Soacha y un estudiante universitario que fue atacado de manera injustificada, así como otras situaciones en las cuales fueron víctimas de detención arbitraria e injusta.

Por lo tanto, se le pidió a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “la implementación de un programa permanente de capacitación a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sobre estándares internacionales sobre el control de las manifestaciones y los límites del uso de la fuerza”.

De igual forma, se pide que la Presidencia de la República expida una directiva “en la cual se establezca la claridad de los límites del uso de la fuerza de las autoridades en el control de las manifestaciones”, así como la restricción de métodos de control que afectan la salud e integridad física o personal.

“Se abstengan las autoridades de Policía hacer uso de imágenes e información personal de ciudadanos que ejerzan el derecho a reunión y manifestación sin que exista previa orden judicial”, afirma la acción judicial.

Para la Fiscalía General de la Nación se le pide revisar los procedimientos y manuales de funciones de los fiscales “para erradicar de los procedimientos penales y de policía toda forma de aceptación, tolerancia y uso de tratos crueles y actos de tortura”.

Además de reconocer los daños morales que sufrieron estas personas en el marco de las manifestaciones.

Por último, se pide la reparación económica debido a los graves daños morales y materiales que sufrieron estas personas y sus familias.