Como parte del preacuerdo con la Fiscalía, el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, podría enfrentarse a una condena de siete años, así como al pago de 800 millones de pesos en la investigación que se le adelanta por los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza, en el escándalo del Carrusel de Contratos de Bogotá.

Como parte del preacuerdo que ya estaría listo con la Fiscalía el ex gobernador se comprometería a entregar 800 millones de pesos para reparar a víctimas del Carrusel, esto dentro de una aceptación de cargos en la imputación programada para el próximo 15 de septiembre en el complejo judicial de Paloquemao.

Además se conoció que Cruz podría gozar de ciertos beneficios por colaborar con las autoridades como un sitio especial de reclusión, argumentando que presenta problemas de salud.

Los hechos del particular corresponden a que, durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y Rehabilitación Vial en Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban dicha entidad, para generar favorecimientos en la ejecución de contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, compuestos por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos.

El mandatario departamental habría incurrido en estos delitos, por presuntamente haber en ejecutado un contrato por 24 mil millones de pesos, adjudicado en el año 2009 por la administración de Bogotá, para el suministro de asfalto para reconstruir la malla vial de la ciudad capital.

Según el fiscal del caso, el gobernador Cruz Vargas entregó a funcionarios y concejales de la ciudad dineros para que en la licitación respectiva se favoreciera a la empresa Unión Temporal Asfaltos.

De acuerdo con el organismo investigador, el monto del dinero entregado por Cruz Vargas ascendió a 800 millones de pesos, que salieron del anticipo del mismo contrato.