En cabeza del presidente de la Comisión de Ética, senador Antonio Navarro Wolff se radicó el proyecto de ley orgánica que vigila el régimen Ético y Disciplinario del congresista con base en el artículo 185 de la Constitución Política.
A la radicación de la iniciativa asistieron los congresistas Antonio Navarro Wolff (Alianza Verde) Presidente de esta Comisión, Andrés Cristo Bustos (Partido Liberal), Orlando Castañeda Serrano (Centro Democrático), Ángel Custodio Cabrera Báez (Partido de la U), Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U) y la Senadora Teresita García Romero (Opción Ciudadana); quienes coincidieron en manifestar que esta iniciativa va enfocada solo a su ejercicio congresional.
Por su parte el Presidente de la Comisión afirmó: «todo lo que hagan fuera de su función como congresista tendría responsabilidades por fuera del código de ética, esto para su función como congresista en las comisiones en las plenarias y en los proyectos de reforma legal o constitucional en que participen».
En el mismo sentido agregó: «establece una serie de acciones, en caso de incumplimiento del código que van desde amonestaciones hasta la posible suspensión en su función congresional por 6 meses, que incluyen multas en casos de faltas dependiendo de su gravedad, todo esto bajo la responsabilidad de la Comisión de Ética del Senado que adquiere unas funciones disciplinarias con herramientas para poder actuar en casos en que evidentemente se falte a la ética por diversas razones».
El senador Navarro, agradeció el apoyo crítico constructivo que en la elaboración del proyecto hicieron las doctoras Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia y Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral, MOE, con sus valiosos equipos de trabajo. Así mismo, a la Mesa Directiva e integrantes de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.
Por último el senador Navarro Wolff fue enfático en afirmar que este código no va a entrar en contradicciones con las facultades que tienen otros organismos de control: el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para disciplinar o sancionar fiscal, disciplinariamente o penalmente a los congresistas.
