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Legalizar aborto en las primeras 12 semanas de gestación plantea el Fiscal Montealegre

Imagen de archivo
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–El Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre confirmó para la próxima semana la radicación en el Congreso de la República de un proyecto de ley para «liberar» o legalizar el aborto en Colombia durante las primeras 12 semanas de gestación.

Lo hizo en un foro organizado por la Fundación Buen Gobierno, Women´s Link Worldwide y Profamilia, en el cual estableció que se trata de buscar una fórmula que concilie los derechos de la mujer y la protección del niño que está por nacer, pues advirtió que la Corte Constitucional ponderó la autonomía de la mujer, sin tener en cuenta los derechos del niño por nacer.

En concepto del fiscal, se debe conciliar estos dos aspectos y establecer una nueva causal a la libre determinación reproductiva de la mujer.

El fiscal explicó que su propuesta es la de incluir una causal más a las tres ya existentes por sentencia de la Corte Constitucional, esto es, para permitir la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas, de manera incondicional.

Montealegre señaló la discusión debe centrarse ahora en que se tenga en cuenta no solo la vida sino otros derechos fundamentales de la mujer. Se trata de una política de profundización de derechos fundamentales; ese es el sentido de propuesta que presentaremos, puntualizó.

El asunto del aborto debe incluirse dentro de un concepto integral de salud que tenga en cuenta perspectivas físicas, psicológicas y sociales, el contexto social y las condiciones económicas de la mujer, su pobreza y frustraciones.

Dijo ademas que los fiscales no pueden poner obstáculos para los procedimientos médicos y deben tener en cuenta la buena fe y aceptar el dictamen del médico sin necesidad de los exámenes de Medicina Legal.

El fiscal anuncio la expedición de una directiva donde se explican alcances de causal sobre aborto permitido cuando hay riesgo para la vida.

fiscal- foro abortoComo se sabe, por sentencia de la Corte Constitucional, la práctica del aborto está limitada al peligro para la salud de la madre, grave malformación del feto que haga inviable su vida y violación o fecundación no consentida, y la iniciativa del Fiscal busca eliminar todas las restricciones que existen.

Según Montealegre, se trata de reconocerle a la mujer el derecho de decidir libremente sobre su embarazo, copiando modelos de otros países, como Alemania, en donde está permitido el aborto en los primeros tres meses de gestación.

El foro “Aborto legal en Colombia: Presente y Futuro”, también intervino el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien se abstuvo de hacer un pronunciamiento a fondo de la iniciativa del fiscal, hasta conocer su contenido y la exposicion de motivos.

Sin embargo consideró que es necesario revisar la legislación colombiana en la materia, sobre todo para remover los obstáculos que se están presentando para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, en referencia a los médicos que se niegan a realizar el procedimiento invocando la objeción de conciencia, lo mismo que de las IPS y las EPS.

Según Gaviria, es necesario buscar salidas legales y al mismo tiempo adelantar una campaña pedagógica de fondo sobre la sentencia constitucional.

El ministro dijo que el aborto es un problema de salud pública, pues es la gran causa de mortalidad materna que se registra en Colombia y advirtió que en la sentencia de la Corte Constitucional hay confusión frente a la vida y la salud de la mujer.

Quien define el riesgo es el médico, pero es la mujer la que decide si asume el riesgo, subrayó el ministro, quien añadió que desde el punto de vista de salud, el problema es relevante.

En el foro también intervinieron la directora de Profamilia, Marta Royo, quien alertó sobre las dimensiones del problema, citando los 300 mil abortos clandestinos que se han registrado en el territorio colombiano.

No obstante, dijo que se han logrado avances con la sentencia de la Corte Constitucional del 2006, cuando se legalizaron las tres causales, pues de 10 procedimientos se pasó a 7 mil, pese a las barreras impuestas por los trámites administrativos, las demoras en la atención y la objeción de conciencia mal interpretada por muchos facultativos y las mismas prestadoras de servicios de salud.