La Policía Nacional logró identificar una modalidad de estafa en la que una banda autodenominada «Los R-4», ubicaban conductores sancionados por embriaguez haciendose pasar por funcionarios de la secretaria de Movilidad, con los cuales se comprometían a solucionar trámites y reducir costos, cuando en realidad terminaba por robar a los incautos que creían en los falsos ofrecimientos.

Los cinco integrantes de la estructura fueron capturados en el centro de Bogotá, en los alrededores de la Secretaría de Movilidad, lugar que frecuentaban para dar confianza a los infractores que acudían en busca de una supuesta solución económica ante la drástica sanción e inmovilización del vehículo.

Los delincuentes recorrían en las noches las zonas de entretenimiento y de alto flujo vehicular, donde las unidades de tránsito instalan los controles. Tan pronto veían que un vehículo era subido a cualquiera de las grúas y su conductor multado por alcoholemia, se acercaban para ofrecer sus servicios ilícitos.

Dejaban una tarjeta con los números telefónicos de un supuesto contacto que ayudaría a sacar el carro de los patios en pocas horas, borraría cualquier historial del infractor e impediría que cargaran el comparendo al sistema contravencional.

La persona afectada por lo general llamaba a los presuntos tramitadores y concertaba una cita, que por solicitud de los estafadores se cumplía cerca a las oficinas de movilidad.

Allí el jefe de la banda, haciéndose pasar por funcionario y en compañía de uno de sus cómplices, se comprometía a realizar la maniobra fraudulenta en cinco días por uno millón o dos millones de pesos.

Pasaban semanas, los delincuentes nunca cumplían, se robaban el dinero y el infractor finalmente pagaba la multa y los valores relacionados, que podrían superar los cuatro millones de pesos. Con cámaras de vigilancia y controles avalados judicialmente, logramos detectar la estafa de estas personas.

Entre los detenidos está el cabecilla de la banda, alias Juan Carlos o Manuel, señalado de hacerse pasar por autoridad, servidor público o conductor de grúa ante las víctimas y quien cobraba el dinero. Otros capturados cumplían diferentes roles como: distribuir las tarjetas, contactar a los conductores sancionados, fingir que realizaban las diligencias en los organismos de tránsito e intimidar a las víctimas cuando se percataban del engaño.

Ocho denuncias se han recibido formalmente contra «Los R-4», todas soportadas con videos y audios obtenidos justo cuando los delincuentes se comprometían a levantar comparendos y pedían dinero a cambio.

Los cinco integrantes capturados fueron judicializados y aceptaron cargos por los delitos de extorsión, simulación de investidura y concierto para delinquir.