–Con una reducción del umbral al 13 por ciento del censo electoral, lo que significa que solo se necesitarán 4 millones 400 mil votos para validar o negar el eventual acuerdo que se firme con las Farc, fue aprobado el proyecto de convocatoria del llamado plebiscito por la paz por parte de las comisiones primeras del Congreso de la República.

El proyecto de ley, que ahora pasa a las plenarias de Senado y Cámara en donde se debatirá de forma simultánea, fue aprobado por los partidos de la coalición de gobierno, ya que la bancada del partido uribista Centro Democrático se retiró del recinto por considerar ilegal e inconstitucional el procedimiento, coincidencialmente identificandose con el mismo criterio de la guerrilla de las Farc que rechaza el plebiscito y exige una asamblea nacional Constituyente.

El gobierno nacional, a través del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo celebró la aprobación y lamentó que la bancada uribista haya decidido ausentarse del debate sin ninguna razón válida, «pero respeto su decisión».

«Felicito a las comisiones primeras conjuntas por este debate que se realizó de manera juiciosa y que demuestra con la votación el total respaldo al proceso de paz bajo el liderazgo del Presidente Santos quien cumplirá al país su promesa de refrendar los acuerdos de paz», expresó Juan Fernando Cristo.

El ministro rechazó el mecanismo del referendo propuesto por la oposición, pues advirtió que ello significaba formular a los colombianos unas 80 preguntas «para que fracase el esfuerzo de paz de este gobierno».

«Pues tampoco porque nosotros bobos si no”, complementó Cristo, quien subrayó que aunque en el gobierno “somos totalmente demócrata y respetuosos de la oposición», no se dejarían imponer de las minorías un mecanismo que «sólo busca que el gobierno se haga el harakiri para frustrar el anhelo y esperanza de paz del país”.

De acuerdo con el proyecto aprobado tras 9 horas de debate, con el 13 por ciento del censo electoral vigente votando por el si, y superando los votos por el no, será aprobado el acuerdo final para la terminación del conflicto armado. El presidente deberá informar al Congreso la fecha en la que se llevará a cabo el plebiscito, esta no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente.

El Congreso deberá pronunciarse en un término máximo de un mes. Un pronunciamiento negativo requerirá mayoría simple de los miembros de la respectiva Cámara. Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que el Presidente de la República informe su decisión de realizar el Plebiscito por la paz ninguna de las dos Cámaras manifiesta su rechazo, el Presidente podrá convocarlo.

Además quedó establecido que el plebiscito por la paz será vinculante jurídicamente, es decir, que el Gobierno estará obligado a cumplir el mandato de las urnas.

También se aprobó un artículo nuevo que facilitará a los ciudadanos conocer 30 días antes del plebiscito, de manera pedagógica y educativa, la totalidad del acuerdo de La Habana, a través de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión e internet).

“La idea, es que los colombianos debatan a fondo sobre los temas de participación en política, de justicia, de desarrollo agropecuario”, explicó la senadora Viviane Morales autora del artículo.

En desarrollo del debate, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria sustentó la ponencia negativa que presentó a la iniciativa y aseguró que el plebiscito propuesto por el Gobierno y congresistas de la Unidad Nacional «para refrendar leyes o reformas constitucionales que supone el acuerdo final Santos-Farc», es «un engaño, que no tiene ni pies ni cabeza».

El congresista uribista subrayó que las mismas Farc han salido al paso de la propuesta y conminó a los miembros de la Unidad Nacional a que si por lo menos no escuchan a la oposición pusieran atención a lo manifestado por las Farc.

En este sentido, anotó que «las Farc dicen que la agenda no debe ser variada caprichosamente mediante mecanismos legislativos inadecuados» y añadió que la misma guerrilla manifestó: «Qué objeto tiene gastarle tiempo a un plebiscito», argumentando también que este mecanismo no sirve de instrumento para la implementación de un acuerdo final.

El senador Gaviria dijo además que este proyecto tendrá control constitucional y que tal y como iba a ser aprobado no pasaría dicho examen, debido a que “han de recordar y, si no lo recuerdan, les ruego repasar la Constitución, que las leyes estatutarias tienen un problemita, chiquitico, y es que el Congreso –como le dice uno a los niños- no se maneja solo”.

Su colega de bancada Alfredo Rangel calificó la iniciativa como «un plebiscito hechizo» y una «evidente y obvia trampa».

Es un plebiscito hechizo–subrayó–, porque se modifican las reglas del juego actuales únicamente para la ocasión y se mantienen para futuros plebiscitos. Si es aprobado, es un pésimo antecedente, porque en el futuro otro gobierno podría volver a cambiar las reglas y los requisitos e imponer un plebiscito fascistoide al estilo de Roy Barreras con voto obligatorio, sin umbral, con castigo para quienes no voten, etc.».

Añadió que «se van a incluir inmensidad temas: agropecuario, política, justicia, Tribunal de paz, narcotráfico, reformas electorales, todo englobado en una sola pregunta si se quiere o no la paz» y aclaró: «Todos la queremos, pero, debido a que no se les pregunta si queremos o no impunidad, curules para los criminales de las Farc, reparación a las víctimas con recursos de narcotráfico, se engaña a la opinión con el pretexto de la paz».

La senadora Paloma Valencia, también de Centro Democratico, manifestó que el plebiscito que se propone es igual a un referendo y por esto pidió que «no se confunda más a la opinión».

La Senadora se cuestionó sobre «qué es lo que quiere hacer el gobierno con esta consulta» y manifestó que ante las falencias de la propuesta y la negativa de las mismas Farc «esto no le da garantía de continuidad al proceso».

Finalmente, el senador Jaime Amín manifestó que «matemáticamente es una trampa lo que el Gobierno le propone a los colombianos en el plebiscito. Se le está torciendo el cuello a la Constitución y a la ley de participación popular con el plebiscito que propone el gobierno nacional que baja los umbrales».

La representante de Centro Democrático Maria Fernanda Cabal expuso sus criterios en un escrito que publico en la web de su partido, calificando como preocupante el manejo que se pretende dar al umbral.

En un país caracterizado por una abstención preponderante de casi el 52% de la población en los comicios donde hay más participación, bajar el umbral al 13% indicaría que no sería garantía del reflejo del sentir popular, no podríamos hablar que en las urnas se podrá considerar la decisión del pueblo, puesto que sólo una muestra mínima estaría considerándose bajo el escrutinio.

Además hizo las siguientes precisiones:

A todas luces es entonces inconstitucional esta medida, ineficaz e ilegítima. Si lo que se busca es la refrendación popular debe garantizarse que la mayor parte de la población participe en esta toma de decisión y sólo si esto se logra así se podrá determinar que existe una voluntad manifestada en las urnas.

El plebiscito es un mecanismo de participación popular no de refrendación de acuerdos, es decir que se desdibuja la naturaleza misma de la figura con este nuevo “invento legislativo”.

Se pretende buscar el respaldo popular a unos acuerdos desconocidos. Esta figura diseñada constitucionalmente pero sin antecedentes en su aplicación nacional, llevaría sobre sus lastres el futuro de las actuales generaciones y las venideras, lo que no es cuestión de poca monta, por lo que es cuestionable el interés del Gobierno en aprobar los acuerdos a costa de la improvisación y de la ausencia de legitimidad.

Si la propia constitución creó la figura, mal haríamos ahora, que por la necesidad del gobierno de aprobar este grupo de reformas destruyamos nuestra propia legislación, sin medir las consecuencias y sin observar los efectos adversos que puede generar para nuestra institucionalidad y para democracia.

No debemos olvidar que los menoscabos en la democracia participativa, atentar contra el poder soberano del pueblo y la concentración del poder en otras ramas, son el nicho para nuevas formas de violencia, por lo que la paz, fin último de todas estas reformas constitucionales, van a resultar ineficaces para alcanzar una paz estable y duradera como el pueblo colombiano está aspirando y ha dejado en nuestras manos esa responsabilidad.

La postura que siempre he sostenido es que la negociación debe estar revestida de seguridad jurídica, donde no se desconozcan los mínimos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición; no una donde la constante sea la concesión y el cumplimiento de todos los requerimientos de las FARC con la excusa de conseguir la Paz a cualquier costo. No sólo por el efecto nocivo que esto tiene para la negociación en si misma considerada que pierde su esencia, sino porque para la sociedad colombiana se ha perdido la credibilidad en el proceso que además de extenso, no ha visto reales hechos o voluntad de paz.