El miembro del equipo negociador de las Farc, alias ‘Pablo Catatumbo’, señaló que para ejecutar el plan del desmonte del paramilitarismo planteado por la guerrilla, se deberá conformar una comisión para que pueda verificar el desarrollo de la iniciativa.

La guerrilla propuso una ‘redefinición de la política de seguridad del Estado’, basada en la conformación de una “Unidad especializada de investigación y análisis para el desmonte del paramilitarismo”.

La propuesta prevé que guerrilla y gobierno conformen una «unidad especializada de investigación», que en un máximo de cuatro meses presentará un informe con la ubicación geográfica y nexos con «poderes políticos y económicos locales, nacionales y transnacionales», según un comunicado leído en la capital cubana.

Apoyado en ese informe, según las FARC, se pondrá en marcha un «plan de acción para el desmonte del paramilitarismo», con verificación de la ONU y otras organizaciones internacionales, por parte de las fuerzas estatales.

Dicho plan empezará a ejecutarse antes de que las FARC y el gobierno de Colombia firmen un acuerdo de paz que se espera ponga fin a un enfrentamiento de medio siglo que deja más de 200.000 muertos y millones de desplazados, plantearon los rebeldes de orientación marxista en su propuesta.

El gobierno de Juan Manuel Santos y la agrupación armada aspiran a sellar la paz antes del 23 de marzo de 2016, tras lo cual los rebeldes se convertirían en una fuerza política.

Antes de empezar a dialogar con las FARC, Colombia negoció entre 2002 y 2010 el desarme y desmovilización de grupos paramilitares, financiados por el narcotráfico, que por décadas combatieron a sangre y fuego a la guerrilla comunista.

Sin embargo, algunas de esas organizaciones se apartaron de ese proceso y formaron nuevas bandas que son combatidas por el Estado, y que las FARC siguen viendo como enemigos paramilitares que a su juicio amenazan el acuerdo de paz que negocian desde hace tres años en La Habana.

En su declaración de este sábado, las FARC propusieron además concertar una «legislación de emergencia» para desarticular de forma «efectiva e inmediata» los grupos antiguerrilleros clandestinos, y «proscriba e impida el surgimiento» de nuevas bandas.

Hasta la fecha se han alcanzado en Cuba tres acuerdos (reforma agraria, drogas ilegales, y participación política de los rebeldes), y quedan por definir los relacionados con la reparación de las víctimas -actualmente en discusión- el desarme y el mecanismo de refrendación de los pactos.