Jorge Armando Otálora Gómez compartió con los usuarios en la Casa de los Derechos, que desde esta semana está abierta para los habitantes del puerto, cuyo índice de pobreza supera el 84 por ciento.

Al conmemorase el Día Internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de clausurar un diplomado con énfasis en desplazamiento forzado para líderes y lideresas de la comunidad, y para verificar el funcionamiento de la cuarta Casa de los Derechos, iniciativa que cumple sus primeros 10 años en el país y que ha permitido trabajar y empoderar a los ciudadanos frente a la promoción y defensa de sus derechos en sitios como Bello (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y Buenaventura (Valle), el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se desplazó a este puerto del pacífico nariñense, afectado por la violencia del conflicto armado durante los últimos años.

Además de visitar las instalaciones de la Casa de los Derechos, donde compartió con los usuarios, quienes desde esta semana tienen una nueva instancia para denunciar cualquier forma de vulneración a sus derechos fundamentales, pero sobre todo para impulsar iniciativas con enfoque diferencial que desde la sociedad civil permitan disminuir los riesgos asociados a la vulnerabilidad en el Distrito Especial, el funcionario del Ministerio Público recorrió los barrios Nuevo Milenio y Familias en Acción, donde las necesidades de la población son especialmente apremiantes.

Según las proyecciones estadísticas del DANE, Tumaco cuenta con una población cercana a las 200 mil habitantes, incluyendo 14 Consejos Comunitarios de comunidades negras y 46 comunidades indígenas agrupadas en 11 resguardos del pueblo Awá, encontrándose que solo el 5,7 por ciento de los habitantes tiene acceso al sistema de alcantarillado, el 29 por ciento al acueducto y apenas el 3 por ciento a estudios superiores.

Los escenarios de riesgo se complementan con la alta injerencia de cultivos ilícitos, que ubican a Tumaco como uno de los primeros lugares con mayor número de hectáreas sembradas, y a la presencia de los grupos armados ilegales, que si bien tienen un impacto significativamente menor a partir del cese unilateral al fuego ofrecido por las Farc, mantienen actividades de control social como la coacción a transportadores informales, las extorsiones y las amenazas.

Precisamente, en materia de violencia, son el desplazamiento con 3.960 casos en lo corrido de 2015, las intimidaciones con 369 reportes y los homicidios con 43 registros durante el mismo período, las variables con mayor impacto, siendo el éxodo forzado la única que advierte incremento respecto al año anterior.

Así las cosas, y aunque el panorama de orden público (exacerbado meses atrás por los frecuentes atentados contra la infraestructura petrolera y la Fuerza Pública, con graves consecuencias para el medio ambiente) ha mejorado sustancialmente, el Defensor del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades para que además de mantener los planes de prevención y control en seguridad, refuercen la presencia del Estado con programas de asistencia integral en temas como salud, educación y servicios públicos, a la vez que exhortó a los tumaqueños para que a través de instrumentos como la Casa de los Derechos reclamen y hagan valer sus garantías fundamentales como ciudadanos.