–Por la suma de 308 mil 300 millones de pesos, la Contraloría General de la República compró un edificio para habilitarlo como sede principal en la capital de la República.
Al efecto en un comunicado el organismo de control anuncia la firma del contrato de promesa de compraventa de la estructura localizada en el costado norte de la Avenida El Dorado, sector Salitre, con la Carrera 69, demarcado con el número 44-35.
En la adquisición de este edificio, que sólo en el 2018 será totalmente de propiedad de la Contraloría General, se hizo un ahorro «cercano a los $12 mil millones con respecto a los recursos que había asegurado para esta compra el Ministerio de Hacienda», que fueron de 320 mi millones de pesos.
Afirma que también habrá un ahorro cercano al 50% en los recursos de vigencias futuras asignados por el CONFIS para pagos de arrendamiento, que fueron de 121 mil millones, de los cuales utilizará $61 mil millones.
A partir de enero de 2016, comenzarán a operar en el «Edificio Paralelo 26», solo dos dependencias de la entidad: una oficina de Atención al Ciudadano y otra para Correspondencia y cinco meses más tarde, esto es en julio, estará funcionando allí la totalidad de las dependencias de la Contraloría.
En el comunicado la Contraloría establece que el edificio cuenta con una extensión de 56.000 metros cuadrados construidos, que incluye 3 sótanos, 17 pisos y 665 parqueaderos y, albergará a más 2.000 funcionarios del nivel central.
Además hace las siguientes precisiones:
La edificación está diseñada y construida pensando en el bienestar de sus ocupantes, lo que se concreta en la calidad del aire, ahorro energético, luminosidad, bajo consumo de agua y localización estratégica. Esto último redunda en tiempo en desplazamientos y facilidades para funcionarios que se movilicen en bicicleta.
El conjunto de todas esas características le permitió obtener la máxima calificación que se concede a los mejores diseños en sostenibilidad (Certificación LEED), otorgada bajo estándares internacionales.
Desde principios de 2015 los funcionarios de la CGR fueron distribuidos en cinco sedes diferentes, luego de tener que reubicarlos de Gran Estación II, edificación que arrendó la anterior administración de la entidad.
El costo total de la compra de la nueva sede llega a $308.290 millones, lo que significa un ahorro cercano a los $12.000 millones si se tiene en cuenta que el Ministerio de Hacienda (CONFIS) le garantizó a la CGR recursos por $320.000 millones en vigencias hasta 2018.
En 2016, la Contraloría girará inicialmente $75.000 millones para la compra de una parte de estas oficinas y hará uso del resto en calidad de arrendamiento.
Para el 2017 la inversión ascenderá a $122.500 millones y en el 2018 a $111.000 millones.
Para el pago de arriendos, el CONFIS le autorizó a la Contraloría recursos por $121.000 millones para ser ejecutados entre los años 2015 y 2018, de los cuales se usarán cerca de $61.000 millones, generando un ahorro cercano al 50% de los recursos asignados.
La CGR suscribió un contrato de promesa compra-venta de su nueva sede con el fideicomiso Paralelo 26 – Fidubogotá S.A., constituido por Inversiones Paralelo 26 S.A.S. y el Compartimiento Paralelo 26 del Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias, administrado por Alianza Fiduciaria S.A.
De esta manera, la administración del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, ha logrado concretar la adquisición de un inmueble que asegura el normal funcionamiento de la entidad en una sede unificada, con las inversiones logísticas y tecnológicas para ello, garantizando así el cumplimiento de las funciones constitucionales a cargo de la CGR y la prestación de un servicio satisfactorio para la ciudadanía.
Desde enero de 2015, las dependencias de la CGR en el nivel central estaban disgregadas en 5 inmuebles ubicados en diferentes sitios de la capital, cuatro de ellos en el centro de la ciudad y uno en el sector de Puente Aranda.
Esta disgregación ha producido que los funcionarios trabajen en condiciones de hacinamiento, que no sea posible realizar adecuaciones físicas requeridas a las sedes en arriendo y que áreas neurálgicas como juicios fiscales no trabajen con las mejores condiciones de seguridad y protección de documentos como procesos y expedientes.
Tampoco ha podido ser funcional la operación del Centro de Atención al Ciudadano –CAIC, ni se ha podido optimizar el normal funcionamiento de las salas de audiencias, salas de declaraciones, salas de video-conferencias, salas de consulta, salas de juntas y archivo integrado, entre otras.
Finalmente el comunicado indica que el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, destacó que este proyecto se hizo realidad gracias al apoyo y ayuda del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
