Así lo indicó Enrique Borda, viceministro de Relaciones Laborales, quien advirtió que la Defensoría está expuesta a una sanción económica de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, si se prueba el presunto acoso laboral de Jorge Armando Otálora, a su ex secretaria privada Astrid Helena Cristancho.

El Ministerio de Trabajo adelanta una investigación preliminar que busca establecer si existió una violación al derecho laboral, como lo establece la ley 1010, por parte de Jorge Armando Otálora hacia su ex secretaria privada.

Si se comprueba el presunto caso de acoso laboral, la Defensoría deberá asumir una millonaria multa.

“Las multas que puede imponer en el sistema de inspección, vigilancia y control el Ministerio de Ministerio del Trabajo van hasta 5.000 salarios mínimos, algo así como 2.000 millones de pesos a las empresas y entidades”, dijo el Ministerio de Trabajo.

Desde la cartera de trabajo se señaló que la competencia del Ministerio de Trabajo, encargado de la inspección, vigilancia y control, «es la de investigar esa conducta y si se da una violación del derecho laboral y a la ley 1010 de 2006, imponer la multa”.

“Las conductas de las personas individualmente consideradas que tienen el cargo superior jerárquico, con el cual pueden ejercer el acoso laboral, esas conductas tienen investigación especial por parte de la Procuraduría tratándose de un empleado público”, expresó el viceministro de Trabajo.