La decisión la tomó el Consejo de Estado al condenar a la nación por el despojo de tierras que las Farc le ejecutó a un campesino en el municipio de Vista Hermosa, Meta, en marco del proceso de paz del grupo guerrillero con el Gobierno de Andrés Pastrana Arango en el año 2000.

La condena emitida por el Alto Tribunal es para el estado, representado en estos hechos por los ministerios de Defensa, Justicia y del Interior.

El Consejo de Estado señaló que existe una responsabilidad administrativa por parte de las partes demandadas al no garantizaron la protección de los habitantes de la región. El fallo argumentó que si bien es entendible la intención de ponerle fin al conflicto armado, no se debe olvidar el deber constitucional de garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos.

Hay que recordar que en la zona distención se intentó llevar a cabo un proceso de paz con dicho grupo guerrillero, entre el 7 de enero de 1999 y el 21 de febrero de 2002 y aunque se adelantaban negociaciones de paz entre Gobierno y Farc, debieron tomarse las medidas necesarias para proteger a la comunidad que se encontraba en la zona.