
La iniciativa, que pasa esta misma semana a aprobación de la plenaria del cabildo capitalino, le asigna a la nueva secretaría una serie de funciones en materia de seguridad, entre ellas, liderar, orientar y coordinar las alianzas estratégicas con las comunidades, el sector privado y las entidades del orden distrital, territorial y nacional, orientadas a la convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
Según el concejal de Centro Democrático, Daniel Palacios experto en seguridad, la situación actual de inseguridad en Bogotá obedece a la falta de liderazgo, y la carencia de una institucionalidad clara en materia de seguridad y la desarticulación entre el Distrito y demás actores institucionales.
Entre las funciones que propuso Palacios para la nueva secretaría, figuran las siguientes:
• Liderar, orientar y coordinar la política pública para el mejoramiento de la política carcelaria y penitenciaria en la ciudad de Bogotá y la atención al pospenado.
• Liderar, orientar y coordinar los servicios de emergencias del Distrito Capital en el marcodel primer respondiente.
• Coordinar y operar el Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, de manera conjunta, con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, y la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de emergencias y seguridad en el Distrito Capital.
• Coordinar y liderar los consejos distritales y locales de seguridad y ejercer su secretaría técnica.
• Liderar, orientar y coordinar las políticas, planes y programas dirigidos a la prevención del delito en niños, niñas y adolescentes, y las competencias del Distrito frente al sistema de responsabilidad penal adolescente.
• Orientar y apoyar los programas de Policía Cívica en la ciudad de Bogotá.
• Liderar, orientar y coordinar las alianzas estratégicas con las comunidades, el sector privado y las entidades del orden distrital, territorial y nacional, orientadas a la convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.

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