Panorama Nacional

Procuraduría pide a gobierno precisar zonas de concentración de las Farc y población que se va a reparar en ellas

Farc–A escasos quince días de la eventual firma del acuerdo de paz con las Farc en La Habana, la Procuraduria General de la Nación le pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos precisar cuáles serán las zonas de concentración de los guerrilleros que se van a desmovilizar y el número de personas que habitan en esas mismas zonas y la forma como se van a reparar y a proteger.

La petición la formuló el Procurador Delegado para el Apoyo a las Víctimas del Colnflicto Armado y los Desmovilizados, Jaime Alvarez Galvis, en carta que envió al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, en desarrollo de su función preventiva y del seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

En la comunicación enviada al jefe de la cartera política Juan Fernando Cristo, el procurador delegado Álvarez Galvis, solicitó que en el informe que se remita a este organismo de control se precise cuáles serían las zonas de concentración, el universo de la población desmovilizada que se pretende incorporar, así como el estimado de la población víctima a reparar en cada zona y los planes de prevención y protección.

De igual manera, requirió información específica sobre los recursos que serían destinados para llevar a cabo el plan de reparación integral por zona, el cronograma con las fases del proceso y el papel de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas (SNARIV) en su implementación.

El procurador delegado recordó que de acuerdo al principio de participación efectiva para las víctimas, consagrado en la Ley 1448 del 2011, el Gobierno Nacional debe considerar la posición de las personas afectadas por el conflicto armado con respecto al proceso de reparación integral para las que habitan en las eventuales zonas de concentración, por lo que se deben implementar estrategias de diálogo, ya sea a través de las mesas departamentales o municipales de Participación Efectiva de Víctimas, o de algún mecanismo de consulta dirigido de manera específica a esta población, y en particular con las víctimas pertenecientes a las comunidades étnicas.