–Una explicación sobre bajo qué condición o carácter envió a su hermano Enrique a La Habana, Cuba, le solicitó el Procurdor General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado al presidente de la República Juan Manuel Santos.

El jefe del Ministerio Público emplazó al presidente Santos a establecer si su hermano está ejerciendo labores de servidor público y le advirtió de ser así «la paz no da para tanto».

Los pronunciamientos los hizo el Procurador a través de su cuenta en Twitter, a propósito de la confirmación del viaje a Cuba de Enrique Santos Calderón, hermano mayor del presidente, con el propósito de hacer contacto con los cabecillas de las Farc y tratar de superar la nuevas crisis surgida en el proceso de paz por las medidas unilaterales que ha adoptado el gobierno, entre ellas el plebiscito y las zonas especiales para concentrar a los integrantes del grupo guerrillero.

“¿El señor Enrique Santos en qué condición está en Cuba? ¿Está cumpliendo funciones públicas? ¿Puede el hermano del presidente ejercer esa función pública? La paz no da para tanto”, trinó Ordoñez Maldonado.

En una declaración verbal, el procurador advirtió que bajo el pretexto de la paz no se puede desconocer la Constitución ni quebrantar la ley, e insistió en lo que dijo en un foro en México en el sentido de que en las negociaciones con la Farc en La Habana se está legitimando a los criminales en Colombia.

«Lo dije el sábado en México y lo reitero. Manipulación de la expresión ‘paz’ legitima a los criminales en Colombia y deslegitima al Estado», puntualizó Ordoñez Maldonado.

Como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe no es la primera vez que el hermano mayor del presidente Juan Manuel Santos interviene en negociaciones con las Farc.

Lo hizo en el gobierno del presidente Belisario Betancur en el frustrado proceso de Casa Verde en La Uribe, Meta y luego, hace 3 años en la etapa exploratoria que concluyó con las negociaciones formales de La Habana.

Apenas en noviembre pasado, Enrique Santos estuvo en La Habana dialogando con el mandamás de las Farc alias «Timochenko». Esta foto corresponde a ese encuentro:

En un foro realizado el pasado fin de semana en México, el procurador Alejandro Ordoñez arremetió nuevamente contra los diálogos con las Farc en la capital cubana.

“Hoy se pretende cualificar las conversaciones de la Habana como proceso de paz. Sin embargo, por los frutos que se avizoran de dichas conversaciones debemos decir que estos se alejan profundamente del verdadero significado de la paz, pues no es un secreto que allí se legitiman la mentira y el mal cuando se legaliza el crimen y, por supuesto, la injusticia cuando se ampara los delitos internacionales atroces con sanciones inicuas”, dijo Ordoñez.

“La paz ha sido definida clásicamente como la tranquilidad en el orden. El orden lo entendemos como la disposición de todas las cosas en el lugar que le corresponden. Para que exista dicho orden en la esfera política y social deben ocupar su lugar la verdad, el bien y la justicia. En ese sentido no corresponden al orden y, por tanto, a la paz, la mentira, el mal y la injusticia”, expuso.

El procurador de los colombianos abordó la búsqueda de la paz en Colombia desde el año 1982 y la implementación de discursos que justificaron la violencia guerrillera, convirtiendo al Estado en responsable único del conflicto. “Luego, muy sencillo, recurrir a las armas, a la violencia y al delito, era legítimo, era justificado, era válido, era entendible. Ese escenario convirtió a un grupo criminal en un vocero de sectores de la sociedad, una sociedad que estaba cansada y que reclamaba cambios institucionales”, manifestó.

“El resultado fue que en 1990 el grupo había crecido hasta cerca de 9.000 miembros en armas. Las FARC aprovecharon la consigna de la paz y la legitimidad que el Estado les concedió para expandirse, reclutar nuevos integrantes y duplicar el número de estructuras armadas en todo el territorio nacional. A partir de ahí Colombia quedó atrapada, encadenada, sometida a la ‘paz’ como estrategia y táctica de las FARC. El hábil uso de la expresión ‘paz’ legitimó a los criminales y deslegitimó al Estado, cambió la mentalidad de los colombianos, instaló en la sociedad un discurso que distingue entre masacres, violaciones a Derechos Humanos, desapariciones, torturas, homicidios, reclutamiento de niños, actos terroristas, dependiendo de quién los ejecute”.

Tras el análisis histórico, el procurador Ordóñez Maldonado concentró su intervención en el actual proceso de negociación que se desarrolla en La Habana (Cuba) y que a la fecha presentó un acuerdo en materia de justicia transicional que omite la pena efectiva de reclusión para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios.

“No temo en decir que este proceso no nos llevará realmente a la paz. A lo sumo, nos acercara a la neutralización del conflicto, el cual como es de su naturaleza, mutará para generar más guerra. Por principio, el Estado de Derecho no se negocia con los criminales. No caigan en ese error como nosotros caímos. Los delincuentes buscan influir en el poder político, poner a las autoridades a su servicio”, puntualizó.

Ante la compleja situación de seguridad que vive México, el procurador colombiano formuló recomendaciones para que ese país adelante procesos de negociación sin someter a sus ciudadanos ante el crimen, destacando la necesidad de que la persecución judicial también se concentre en los multimillonarios bienes adquiridos a través de empresas criminales.

«La persecución judicial debe concentrarse en la riqueza de los criminales. En el caso colombiano falta mucho por hacer. Si la riqueza del capo se mantiene incólume, es un buen negocio delinquir”.

El jefe del órgano de control también expuso las funciones de la Procuraduría General de la Nación en Colombia y su acción en materia de lucha contra la corrupción, destacando que aunque en su administración hayan sido sancionados más de 1.500 alcaldes, 25 gobernadores y una veintena de congresistas, los buenos funcionarios públicos no son consecuencia exclusiva de decisiones disciplinarias, sino de buenos ciudadanos y el actuar desde bases de ética, moral y respeto por los principios de la sociedad.

“La corrupción campea porque faltan buenos funcionarios, porque faltan buenos ciudadanos que se formen con principios y con valores desde el seno natural de la familia”, concluyó.