Arauca y la región del Catatumbo, en Norte de Santander, son las más golpeadas por este fenómeno, en el cual el ELN aparece como responsable de varias acciones.

Un nuevo llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que se refuercen las medidas de seguridad en el nororiente del país, particularmente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, formuló la Defensoría del Pueblo luego de que el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución hiciera un diagnóstico sobre los hechos de violencia que se vienen presentando en esas zonas del territorio nacional.

La información, recopilada como resultado de inspecciones en terreno, denuncias de la comunidad y verificación con organismos oficiales, indica que entre enero y marzo se han presentado 22 homicidios selectivos de civiles en el departamento de Arauca, cifra a la que suma el deceso en enfrentamientos armados de 9 combatientes de la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, para un total de 31 muertes violentas frente a 16 del año pasado.

En el caso de los pobladores afectados por esta racha de asesinatos, 13 corresponden a hombres jóvenes con edades entre los 15 y los 30 años. El mayor número de víctimas (7) pertenecía a comunidades campesinas, cuatro eran comerciantes y seis más que aparecen como desempleadas, habrían sido blanco de una aparente estrategia de “limpieza social”, que parece tomar fuerza en los municipios de Tame y Fortul.

Aunque las investigaciones alrededor de estos episodios no han llegado a una conclusión, las informaciones preliminares a las que ha tenido acceso la Defensoría del Pueblo señalan que el 68 por ciento de los homicidios (es decir 15 casos), habrían sido cometidos por el ELN, grupo que ha protagonizado recientes acciones de restricción a la movilidad mediante la instalación de retenes ilegales, como se precisa a continuación:

– Marzo 7 de 2016: En la vereda Tamacay, sobre la vía que comunica a los municipios de Tame y Saravena, presuntos guerrilleros del ELN despojaron de sus vehículos a tres personas que transitaban por la carretera, llevándose los automotores con rumbo desconocido.

– Marzo 8 de 2016: En la vereda Las Bancas, cerca al centro poblado El Troncal, sobre el corredor que une a los municipios de Arauquita y Arauca, presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional bloquearon el paso e instalaron un artefacto explosivo improvisado que posteriormente fue controlado por el Ejército, resultando herido un militar.

– Marzo 9 de 2016: Inicialmente entre los centros poblados de Betoyes y Flor Amarillo, y posteriormente entre las localidades de Santo Domingo y Puerto Jordán, la guerrilla instaló dos retenes ilegales, mediante la retención de algunos vehículos que transitaban por estos lugares y que posteriormente fueron atravesados para interrumpir el tránsito.

– Marzo 12 de 2016: En la vereda Clarinetero, en zona sub urbana de la ciudad de Arauca, presuntos guerrilleros del ELN detuvieron un vehículo de carga, el cual atravesaron luego de intimidar al conductor, y activaron un artefacto explosivo cuando tropas del Ejército se aproximaban para retomar el control en ese lugar.

– Marzo 13 de 2016: En la vereda Agua Viva de Fortul, sobre la vía que conduce a Tame, resultó herida una pareja de esposos dedicados al comercio, luego que el vehículo en que se transportaban fuera impactado en varias oportunidades por disparos de armas de largo alcance, al parecer accionadas por integrantes del ELN.

A estos hechos se suma la retención temporal e irregular el 3 de Marzo de un grupo de entre 3 y 7 adolescentes y jóvenes en el centro poblado Nuevo Carnal, en jurisdicción de Fortul, así como otras acciones registradas por el SAT el 14 de Marzo en el sector Caño La Perra de la vereda Todos los Santos del municipio de Arauquita, donde el ELN activó una carga explosiva que causó daños estructurales en la vía hacia la capital Arauca, y el 15 de Marzo en un tramo entre las veredas Mata Oscura y La Osa, donde dos civiles y tres militares resultaron heridos al caer en un campo minado instalado por la guerrilla del ELN.

Simultáneamente, en la región del Catatumbo (Norte de Santander) que incluye a los municipios de Ábrego, La Playa de Belén, San Calixto, Hacarí, Teorama, El Tarra, Convención y El Carmen, al igual que en dos poblaciones vecinas del Cesar, como son Río de Oro y González, la situación no es menos preocupante.

En lo corrido del año, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo registra 16 homicidios selectivos (incluidos los de una mujer y cuatro menores de edad, todos en hechos aislados), tres ataques indiscriminados con riesgo para la población civil, dos ciudadanos heridos al quedar en medio de enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, tres policías heridos en acciones perpetradas por francotiradores, tres ataques contra unidades militares que adelantaban operaciones de seguridad en el complejo de Caño Limón Coveñas, tres hechos de instalación de artefactos explosivos en zonas urbanas, dos secuestros al parecer con fines extorsivos (una de las personas fue rescatada por las autoridades) y dos denuncias por amenazas contra funcionarios públicos.

Los asesinatos conocidos por la Defensoría ocurrieron entre el 11 de Enero y el 11 de Marzo, siendo el último caso el de los hermanos Jesús y Gustavo Angarita, quienes fueron encontrados en un paraje del sector conocido como Puente Búrbura en el municipio de Convención. Llaman la atención situaciones como la protagonizada por el ELN el 4 de Marzo en la cabecera urbana de La Playa, donde un hostigamiento que ocasionó heridas a un miembro de la Policía Nacional se dio en inmediaciones del colegio Fray José María Arévalo, que ya había iniciado su jornada educativa, poniendo en peligro la vida de alumnos, profesores y demás integrantes de la comunidad académica. A estos hechos se añaden el ataque con artefacto explosivo contra una ambulancia el 13 de Marzo entre los barrios Mario Alfonso Machado y Bolívar de San Calixto, y las amenazas contra el Alcalde electo de ese municipio y el Personero de Hacarí, para quienes la Defensoría del Pueblo solicitó evaluación del riesgo y medidas de protección ante la UNP.

El organismo de control para los derechos humanos en Colombia condena estas acciones claramente violatorias del Derecho Internacional Humanitario, reclama del ELN coherencia entre su discurso de paz y el comportamiento de sus unidades en terreno, y espera que no obstante los 4 informes de riesgo y las 8 notas de seguimiento emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas respecto a esta situación, las autoridades adopten medidas eficaces para contener estos alarmantes brotes de violencia y revertir la tendencia de las cifras que hoy muestran un deterioro de la seguridad en esas regiones.