–«En todos los casos en que haya irregularidades, la Procuraduría no solamente puede, sino que debe intervenir”, afirmó en las últimas horas el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordoñez Maldonado, al anunciar tácitamente una investigación alrededor de la autorización que impartió la llamada Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA para realizar exploraciones petroleras en la Serranía de La Macarena y la maravilla natural de Caño Cristales.

«Hay un tema ambiental grueso, unos riesgos que han movido a la comunidad y a muchos actores, pero también hay un tema para pensar, que la ANLA duró cuatro años en este proceso, donde han debido prever lo que previeron ayer, y han debido prever las razones por las cuales determinaron la suspensión con temas que tenemos que evaluar con sensatez», precisó el Produrador Ordoñez Maldonado.

Dijo además que estos «son temas que tendremos que evaluar. No puede una autoridad seria, ponderada, responsable, actuar sin la necesaria previsión y recaudando los elementos de juicio necesarios».

Ordoñez Maldonado reiteró que «en todos los casos en que haya irregularidades, la Procuraduría no solamente puede, sino que debe intervenir”.

Las declaraciones del procurador general de los colombianos se produjeron luego de una mesa de trabajo con autoridades nacionales y distritales, frente al Sistema de Salud y Protección Social en la capital colombiana.

En el diálogo con los periodistas, Ordoñez Maldonado recabó sobre el tema de la ley de víctimas y la restitución de tierras.

«Quienes tratan de construir relatos insensatos tienen otros intereses económicos, pretenden que algunas ONG’s coopten la ejecución de la Ley de Restitución de Tierras. Hay ONG’s que pretenden financiarse con voluminosos contratos de la Unidad de Restitución de Tierras para generar escenarios de injusticia, como los que estamos viendo. La Procuraduría lo tiene totalmente claro y por eso ha actuado de la manera en que ha actuado”, precisó el Procurador.

Frente a los señalamientos de sectores políticos por los encuentros con la ciudadanía realizados en San Alberto (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena), el jefe del Ministerio Público recordó que diferentes entidades del Estado hicieron parte de la etapa preparatoria de ellos y hoy no pueden desconocer las motivaciones y problemáticas que llevaron a su realización.

“Las reuniones de San Alberto y de Sabanas de San Ángel fueron previamente preparadas por la institucionalidad. A las reuniones preparatorias, un mes antes, asistieron funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, delegados del Ministerio del Interior en cabeza del señor superintendente de Notariado y Registro, funcionarios militares y policiales, junto a la Procuraduría General de la Nación. Fue por solicitud de las autoridades locales, que manifestaron las tensiones que estaba generando el tema de restitución en esas regiones, por eso asistió la institucionalidad, esa es la realidad. Ahora que no se bajen del bus quienes previamente asistieron”, explicó.

El procurador recordó la función de la Procuraduría en esta materia y reiteró que seguirá cumpliendo con sus deberes constitucionales en defensa de las garantías ciudadanas y el interés común.

“Nosotros articulamos como representantes de la sociedad, pero esas reuniones fueron previamente preparadas por varios instituciones con el fin de escuchar a los campesinos. Es mi deber, mi obligación constitucional. Escucho a los ciudadanos en sus problemas, en sus preocupaciones, cuando consideran que políticas públicas están afectando determinados derechos. Es mi deber y voy a ejercerlo hasta el último minuto, de la última hora, del último día que esté en la Procuraduría”, puntualizó.