–Con el acompañamiento y verificación de la Defensoría del Pueblo y una representación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, finalmente se desbloqueó esta mañana la carretera Panamericana a su paso por el departamento del Cauca, en cumplimiento del compromiso asumido por la Minga Nacional Indígena como un «gesto de voluntad», para reanudar negociaciones en torno al pliego de peticiones presentado por las organizaciones indígenas y campesinas.

Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en un comunicado advirtió: «Esto no quiere decir que se levanta el paro porque se debe garantizar en primera instancia las garantías y las condiciones para negociar».

También señaló: «Con el compromiso entre las partes de iniciar ronda de negociaciones por un tiempo de 36 horas, a partir de las 9:00 de la mañana del viernes 10 de junio, sin levantar la movilización pacífica de la Minga Nacional, así como el compromiso por parte de mingueros y mingueras de desbloquear las vías a partir de la misma hora, se reinstaló la Mesa Única de Negociación entre el Gobierno Nacional con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en el marco de la Minga Nacional, que desde el domingo 29 de mayo se moviliza a lo largo y ancho del país».

Las operaciones de despeje de la importante vía, que comunicado al occidente colombiano y en general al territorio nacional con la vecina república de Ecuador, comenzaron a las 7 de la mañana de este viernes, como quedó estipulado en el Protocolo para la apertura temporal de esa carretera.

Con tres vehículos y dos misiones humanitarias en el terreno, la Defensoría del Pueblo acompañó el desbloqueo de la vía Panamericana, según lo acordado en el Protocolo para la apertura temporal de ese importante corredor en el occidente colombiano.

El documento establece que habrá permanente coordinación entre el Gobierno Nacional, las Unidades de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los Delegados de la Cumbre Agraria y la Comisión de Garantes, encabezada por la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas.

La Defensoria informó que tal como se estipuló el día anterior, las actividades de desbloqueo por un término inicial de 36 horas, comenzaron a las 7 de la mañana con la remoción de obstáculos y limpieza de la vía a cargo de las comunidades, las Secretarías de Obras Públicas territoriales, los concesionarios y el apoyo de organismos de socorro.

El protocolo dispone que en caso que se presenten contingencias, la coordinación entre las partes, la Fuerza Pública y la misión humanitaria representada por la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas, determinará la metodología a desarrollar según su gravedad.

En caso de vulneraciones a los derechos de las personas movilizadas y de las que estén en el territorio, éstas serán tramitadas de forma expedita ante las autoridades competentes.

Al finalizar las 36 horas, se acordó realizar un procedimiento de suspensión del tránsito vehicular, garantizando la salida de todos los automotores en el sector, mientras la Defensoría y Naciones Unidas efectúan recorridos de verificación entre Santander de Quilichao y Popayán.

En todo caso, concluyó el informe, la Defensoría del Pueblo confía en que los avances de las conversaciones que paralelamente a este desbloqueo temporal de la carretera Panamericana se llevarán a cabo entre el Gobierno y las Comunidades, permitan llegar a una pronta y definitiva solución para el beneficio de todos y el respeto por los derechos humanos.

Mientras tanto, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, difundió un comunicado en el cual reseña la metodología de las conversaciones que se reanudaron simultáneamente al despeje de la carretera Panamericana.

Dice así:

Las comunidades indígenas del Cauca reunidas en la María, Piendamó, en el marco de la movilización “Minga de Resistencia por la Vida, el Territorio, la Dignidad, la Paz y el Cumplimiento de Acuerdos”, en que nos encontramos desde el 30 de mayo de 2016, al cual convocamos al presidente de Colombia y sus ministros, con el objetivo, de no firmar nuevos acuerdos sino de hacer la exigibilidad inmediata y encontrar instrumentos eficaces para el cumplimiento de los ya existentes.

En el desarrollo de la Minga, el tratamiento del gobierno a la protesta social ha sido de guerra, señalando los movilizaciones que se dan en el país como infiltradas por el ELN, y atacando a los mingueros con armas letales, resultado de los cuales en el departamento del Cauca hemos tenido 2 compañeros indígenas asesinados del territorio Sat Tama Kiwe y decenas de heridos.

Hemos realizado un preacuerdo con el gobierno nacional, el cual contempla garantías del gobierno para la realización de los diálogos, en términos de respeto a la movilización social y de implementación de una agenda de negociación que incluye temáticas, cronograma, asistencia de ministros y personal directivo del gobierno, esclarecimiento de las muertes y heridos, y compromisos de desbloqueo de la vía Panamericana.

Al respecto, nos permitimos manifestar a la opinión pública:

Que en el acercamiento con el Gobierno Nacional, realizado el 8 de junio de 2016, se suscribió un documento que incluye agenda de trabajo, metodología y garantías, orientado a establecer un mecanismo político y jurídico que permitan el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los distintos acuerdos firmados, tanto en el nivel regional como el nacional con Pueblos Indígenas de Colombia, previendo también una mesa para las comunidades campesinas, afros y urbanas del Departamento del Cauca.

En este espacio de dialogo con el Gobierno Nacional participaron las Autoridades tradicionales indígenas del CRIC, delegados de otras regionales Indígenas, la Consejería y programas de la ONIC y representantes de organizaciones campesinas del Departamento del Cauca, estos últimos en calidad de invitados.

Siempre el Consejo Regional Indígena del Cauca, como autoridad tradicional indígena legal y legítima, ha tenido una visión y acción incluyente con otros sectores étnicos y sociales, en sus luchas ha impulsado reivindicación de derechos a nivel regional y nacional, buscando construir justicia social, equidad, democracia, paz y respeto de la diversidad.

Nuestros principios de unidad y de autonomía nos han llevado a la conformación y participación en iniciativas con otros sectores étnicos y populares, en el marco del respeto y de relaciones de horizontalidad, por lo cual no delegamos ni entregamos la autoridad en instancias organizativas distintas a nuestras autoridades propias. Nuestra legitimidad está dada por la participación comunitaria, nuestra ley de origen, nuestra historia de lucha y el respeto a nuestras autoridades e instancias de decisión. No compartimos los pronunciamientos de algunas organizaciones sociales y de medios masivos de comunicación que de manera irresponsable pretenden descalificar, desinformar y crear divisiones, ante las decisiones tomadas por las Comunidades indígenas y las Autoridades propias, en la María Piendamó.

Exigimos al Gobierno Nacional avanzar en lo concertado sobre la agenda de trabajo, metodología y garantías para continuar en la ruta que garantice el cumplimiento de los acuerdos firmados y las exigencias planteadas en las temáticas de: Decreto 982 de 1999, Territorio, Autoridad Territorial Económico Ambiental, política minero energética, Derechos Humanos y paz, derecho a la comunicación, Jurisdicción Especial Indígena, Guardia Indígena y Sistemas propios.

Llamamos a los organismos de defensa de los derechos humanos, a los órganos de control y a la comunidad internacional, seguir en su misión de vigilancia y seguimiento del tratamiento que el Gobierno colombiano le está dando a este ejercicio legítimo de las comunidades que nos encontramos movilizados por la reivindicación de nuestros derechos y a instar al gobierno colombiano a respetar los derechos de las comunidades que nos movilizamos, las cuales somos las más vulnerables y afectadas por el conflicto armado y el modelo económico.