Este jueves la Sección Tercera del Consejo de Estado le dio un plazo de dos meses al Ministerio de Defensa y las Brigadas y Batallones para que se diseñe un plan integral de inteligencia dirigido a lograr un control estructural efectivo para evitar que se presenten los casos de ejecuciones extrajudiciales.

El plazo es resultado de la preocupación que existe frente a múltiples casos relacionados con la presentación de civiles como miembros de grupos subversivos abatidos en combate por las Fuerzas Militares.

Según con el alto tribunal, estas violaciones a los derechos humanos y DIH hacen parte de una falla sistemática y estructural de la Fuerza Pública del Estado.

“La ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública, falencias que debilitan la institución militar y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio; de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad”, indicó el fallo del alto tribunal.

De hecho, el alto tribunal condenó al Ministerio de Defensa al pago de una millonaria indemnización a los familiares de un hombre que fue presentado como un guerrillero del Frente 21 de las Farc abatido en combate en el marco de la Masacre de Cajamarca ocurrida entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 en zona rural de dicho municipio del Tolima.

Para el tribunal, no existe elemento material probatorio para inferir la relación de la víctima y el grupo guerrillero.

“En este caso se echa de menos la adopción de medidas efectivas de vigilancia y control por parte de los superiores del Ejército, tendientes a lograr la cabal ejecución de la misión encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al comportamiento de los uniformados, hecho que resulta contradictorio si se considera que los mandos superiores de la institución deben realizar un constante monitoreo de sus posiciones y de sus movimientos, dado que sus misiones de campo son precisas y concretas”, aseguró la sentencia.

El magistrado ponente expresó su preocupación por estos hechos y solicito que se tomen medidas efectivas y rápidas dirigidas a proteger a la población civil y evitar que se presenten este tipo de casos.