–Por considerarla improcedente, la Presidencia de la República le devolvió al Procurador Alejandro Ordoñez –sin respuesta– la carta que este le envió con 60 interrogantes sobre las negociaciones de La Habana y acuerdos con las Farc, pues afirma que “no es el Procurador General de la Nación al que le corresponde ejercer las funciones de control político de las negociaciones de paz, alegando competencias constitucionales que no tiene”.

“Por considerarlo improcedente a la luz de la normativa constitucional vigente, he recibido instrucciones para devolver sin trámite su oficio del pasado 1 de agosto de 2016”, señala la misiva que al respecto le envió a Ordoñez Maldonado el secretario privado de la presidencia, Enrique Riveira Bornaceli.

Como lo informamos aquí en la web de Radio Santa Fe, el Procurador remitió la víspera una extensa carta al presidente Juan Manuel Santos haciéndole 60 preguntas en torno a las negociaciones con las Farc en La Habana.

Los interrogantes tienen que ver con la desmovilización de los guerrilleros tras la firma del acuerdo final, la dejación o entrega de las armas, la ocupación de las zonas veredales, el reintegro de los integrantes de las Farc a la sociedad y la protección que se les brindará en los citados campamentos.

Al efecto, el secretario Privado del presidente Santos señala:

“Leídos los sesenta cuestionamientos contenidos en su documento, resulta evidente que la intención del cuestionario no es la de obtener información relativa a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones en La Habana, que por demás es pública, sino la de adelantar una actividad de control político contra el Presidente de la República, más afín al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público”.

Ademas señala que muchos de los interrogantes planteados por Ordóñez Maldonado “pretenden confundir a la ciudadanía”, mientras que otros “contienen afirmaciones que revelan una posición política acerca de lo negociado con las Farc, para luego inquirir por qué las cosas no se han hecho en la forma en la que el señor Procurador caprichosamente estima conveniente”.

Igualmente advierte que el presidente “es el responsable de conservar el orden público en todo el territorio nacional y que derivado de dicha obligación tiene la potestad exclusiva para adelantar diálogos de paz y para definir los mecanismos necesarios para la reincorporación de delincuentes políticos a la vida civil”.

Agrega que en consecuencia “no es el procurador general de la Nación al que le corresponde ejercer las funciones de control político de las negociaciones de paz, alegando competencias constitucionales que no tiene”.

Finalmnente Riveira advierte que en el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley del plebiscito, “este alto tribunal resaltó la prohibición absoluta que recae sobre los servidores públicos de los organismos de control de participar en actividades de proselitismo político”.

Este es el facsímil de la carta de la presidencia a Ordoñez: