–Amnistía Internacional celebró el acuerdo del fin del conflicto firmado este lunes entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, pero advirtió que ahora las autoridades colombianas deben «garantizar que este logro histórico no sufra ningún menoscabo, asegurándose que todos los responsables de los horrendos delitos cometidos contra millones de personas comparezcan ante la justicia».

Las precisiones fueron hechas por la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara-Rosas, quien reconoció que el modelo de Justicia Transicional que el gobierno colombiano y las Farc acordaron contribuirá a garantizar en cierta medida verdad, justicia y reparación a algunas de las víctimas del conflicto.

No obstante, reiteró que muchas de las disposiciones de este modelo de justicia transicional pactado por las partes incumplen el derecho internacional relativos a los derechos de las víctimas.

Al respecto advirtió: “Los delitos de quienes llevaron a cabo estos abusos, los ordenaron o se beneficiaron de ellos, aun cuando se trate de personas dedicadas al mundo de los negocios o a la política, no pueden ni deben descartarse de un plumazo”.

Por ejemplo– añadió–, las penas previstas para quienes admitan responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no reflejan la gravedad de tales delitos. Asimismo, la definición de la responsabilidad de mando podría permitir a muchos jefes de la guerrilla y de las fuerzas de seguridad eludir la acción de la justicia en casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por sus subordinados».

En este sentido, la directora regional de Amnistía Internacional subrayó que el histórico acuerdo no solo debe garantizar la justicia, sino el fin de los abusos contra los derechos humanos.

En otros términos, Guevara Rosas advirtió que el éxito del histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero, depende de la capacidad de las autoridades colombianas para garantizar verdad, justicia y reparación a los millones de víctimas que se ha cobrado el conflicto en sus más de 50 años de duración.

Dijo que «Colombia ha avanzado mucho desde sus años más violentos», pero–subrayó–, «continúan cometiéndose abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades marginadas, en particular contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como contra defensores y defensoras de los derechos humanos, como líderes comunitarios, sindicalistas y activistas del derecho a la tierra».

“La mayoría de estos ataques, muchos de ellos atribuidos a grupos paramilitares que continúan activos pese a su supuesta desmovilización hace un decenio, no se producen en el contexto de combates y a menudo son consecuencia de intereses económicos», expresó y agregó:

«Muchas de esas comunidades expuestas a sufrir ataques son precisamente las que luchan contra la explotación de sus tierras y territorios por negocios mineros, de infraestructura, industriales y agroindustriales”, explicó Erika Guevara-Rosas.

Advirtió igualmente que poner fin a las hostilidades entre las fuerzas de seguridad estatales y las Farc podría no contribuir mucho a acabar con tales ataques si las autoridades no toman medidas efectivas para combatir a los grupos armados que atacan a civiles y llevar ante la justicia a quienes les prestan apoyo desde la administración del Estado, la política y el mundo empresarial.

“Para que un acuerdo de paz sea efectivo y duradero debe también aplicarse en estrecha consulta con las personas, grupos y comunidades que se han visto afectadas por este conflicto sangriento durante decenios. De lo contrario, será poco más que meras palabras sobre el papel”, puntuializó la directora de Amnistía para las Américas.

En la declaración que publicó en la web de la organización, Guevara-Rosas adicionó el siguiente reporte sobre «Los derechos humanos en Colombia en 10 cifras»:

7,9 millones: víctimas del conflicto armado, casi la mitad de ellas mujeres. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, septiembre de 2016)

6,9 millones: víctimas de desplazamiento forzado. (UARIV)

267.000: homicidios relacionados con el conflicto, en su mayoría de civiles. (UARIV)

4.392: víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales registradas por la Fiscalía General de la Nación (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, marzo de 2016).

46.386: víctimas de desaparición forzada (UARIV).

29.622: secuestros (UARIV).

11.062: víctimas de minas terrestres antipersonal y artefactos explosivos no detonados (UARIV)

8.022: niños y niñas soldados utilizados por los paramilitares y la guerrilla. (UARIV)

63: defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 2015, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Cincuenta y dos en los nueve primeros meses de 2016. (Programa Somos Defensores).

20: miembros de sindicatos víctimas de homicidio en 2015 (Escuela Nacional Sindical).