–«Es un gran error sugerir -como algunas personas lo han hecho- que el Acuerdo ofrece impunidad completa», aseguró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, en clara alusión al caballito de batalla del principal y más radical opositor al pacto firmado con las Farc, el expresidente y Senador Alvaro Uribe Vélez. Además indicó: «En la práctica serán las cortes las que determinen la responsabilidad, y aún no está claro cómo lo harán».

Sin embargo, Al Hussein alertó que la implementación de este aspecto del Acuerdo será examinado muy de cerca tanto por la ONU y como por otras instancias internacionales.

«Nos reservamos el derecho de advertir con vehemencia, si lo sentimos necesario, si en la práctica se está pasando el límite de lo que es aceptable con respecto a lo establecido por los estándares internacionales», puntualizó el funcionario al concluir una visita a Colombia.

No obstante resaltó el alto comisionado «que la impunidad en crímenes muy graves ha sido un problema crónico en Colombia con relación a otros grupos diferentes a las Farc, tales como algunos paramilitares, y también policías, militares y otros actores del Estado sospechosos de cometer serios crímenes y violaciones».

El representante de la ONU reconoció que en el Acuerdo Final de Paz una de las áreas más discutidas tiene que ver con la justicia y la rendición de cuentas y al efecto, precisó:

«He sido claro en mi diálogo con el gobierno, los Ministros y con los dirigentes de las Farc, debe haber rendición de cuentas y ésta debe darse de acuerdo con los estándares internacionales en lo que a crímenes internacionales se refiere -en otras palabras- crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y otras muy serias violaciones».

«La responsabilidad para la protección tanto de defensores y defensoras de derechos humanos como de miembros desmovilizados de las Farc recae directamente en el gobierno, mi Oficina trabajará con él para asegurar que los mecanismos creados con este propósito sean efectivos», señaló.

Adicionalmente notificó: «No vacilaré en denunciar o intervenir si miembros de las Farc fracasan en llevar a cabo sus compromisos, incluyendo la comisión de actos de violencia o crímenes. Por ejemplo, si creemos que las Farc no están actuando seriamente para cumplir con sus obligaciones con relación a la verdad y ofrecer reparaciones a las víctimas, nosotros lo informaremos. A su vez, si el Gobierno falla en crear los programas necesarios para mejorar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la creación de proyectos de subsistencia viables, incluyendo programas de sustitución de cultivo, en las áreas de cultivo de coca, nosotros hablaremos de esto».

Recordó que el Acuerdo de paz ha pedido a su Oficina incluir una nueva sección en nuestro informe anual en la que se reporte y analice el progreso -o retrocesos- del cumplimiento de los aspectos relacionados con los derechos humanos a los que se compromete el Acuerdo.

«Tomaremos esta responsabilidad muy seriamente. Por supuesto, también reportaremos cuando se requiera», expresó.

Dijo que se requiere acción inmediata para que todos aquellos y aquellas que han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto comiencen colectiva e individualmente a realizar trabajo social que logre incrementar de manera medible el respeto por los derechos humanos en las comunidades afectadas por el conflicto. Nuestra Oficina está preparada para desarrollar un sistema que logre certificar su deseo de involucrase en gestos de reconciliación y su contribución a la reparación de las víctimas».

Advirtió que «las dificultades serán inmensas. Habrá drama, malas interpretaciones, retrasos y contratiempos. Es importante que las expectativas no sean tan altas, ya que a pesar de que los acuerdos hayan concretado estrictos calendarios y estándares, lo más importante será que todos los esfuerzos hechos mantengan el impulso. El Gobierno y las FARC, todos y cada uno de los involucrados en este proceso, debemos ahora cumplir con nuestro papel. Simplemente no podemos permitir que la situación decaiga y la desilusión se asiente».

Y realmente es una tarea angustiante: verdad, reconciliación, reparaciones, rendición de cuentas; una ágil y de gran envergadura inversión en desarrollo en las regiones más pobres; mejoras profundas en la infraestructura, incluyendo vías, salud, educación; creación de trabajo, reducción del crimen, esfuerzos para enfrentar la corrupción. Simples términos abstractos que deben traducirse en políticas complejas y trabajo duro en las zonas rurales donde debe apuntalarse el proceso de paz.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, empero, hizo un reconocimiento al gobierno colombiano.

Al contrario que otros gobiernos en el mundo –dijo–, Colombia ha aceptado que seamos vehementemente independientes; que los criticaremos en ocasiones, también a sus oponentes; que jugamos el papel del amigo sincero preparado a decir la pura verdad cuando sea necesario. Hemos tenido nuestros altos y bajos, nuestras diferencias. Pero creo que hay un número creciente de personas en todos los niveles de gobierno –local, regional y nacional– quienes se dieron cuenta de que un monitoreo neutral y externo, asesoría y experiencia constituyen estímulos útiles para mejorar la situación de derechos humanos, y que mejoras en los derechos humanos son esenciales para una paz y desarrollo sostenibles.

Y los reconocimientos deben ir en dos sentidos, añadió: por mi parte, deseo señalar que Colombia –a pesar del conflicto, muertes, desplazamientos y otros abusos y violaciones horrendas que han ocurrido– ha hecho algunos progresos destacables en derechos humanos durante los 19 años que llevamos aquí. Esto quizás no está reflejado en ningún lugar mejor que en el texto del Acuerdo de Paz Final, que contiene 353 referencias a “derechos”, y un preámbulo que enfatiza que el Acuerdo completo es permeado por los derechos humanos, y con un fuerte enfoque en género. Tiene además 5 menciones específicas al papel requerido a la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas durante la implementación de los acuerdos.

Subrayó que los derechos humanos son actualmente bien comprendidos y apreciados en Colombia, por las autoridades y la población en general. El país cuenta con un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos y ONG que realizan un trabajo eficiente, determinado y valiente. Las instituciones del estado son generalmente cooperativas y abiertas a sugerencias constructivas, y existen individuos extraordinarios en estas instituciones –promotores realmente comprometidos con los derechos humanos– sin cuyo apoyo nada de esto habría sido posible. La implementación de algunas leyes y políticas es, no obstante, manifiestamente incompleta. De este modo, una ágil y determinada implementación es absolutamente clave para el éxito de los acuerdos.

Además de la excelente cooperación del Estado en general–puntualizó–, durante esta visita he mantenido reuniones útiles e informativas con representantes de distintos sectores de la sociedad colombiana, desde el Presidente actual y el anterior, Ministros y otros altos oficiales nacionales y locales del gobierno y del Estado, miembros de la sociedad civil, líderes comunales y muchas otras personas. También me reuní con varios miembros del Secretariado de las Farc, incluyendo a Londoño, con quien este lunes sostuve discusiones francas y productivas durante casi dos horas, justo antes de la ceremonia de la firma.

Igualmente precisó: Pondré especial atención al cumplimiento de las garantías para la protección de los miembros de las FARC de violencia física, y estigmatización, de parte del gobierno. Es de fundamental importancia que no se repitan los deplorables asesinatos que siguieron –y a veces arruinaron- acuerdos de paz anteriores, especialmente con relación al exterminio de los miembros de la Unión Patriótica (UP), un partido político que incluyó a miembros de las Farc tras el Acuerdo con el gobierno para el alto al fuego de 1984. En total, varios miles de miembros de la UP fueron asesinados en los años siguientes otros y otras forzados al exilio, y la paz se pospuso 30 años más.

También el alto comisionado de la ONU hizo una relación sobre lo que observó en determinadas regiones de Colombia:

El día antes de la firma en Cartagena visité la comunidad de Mampuján en Montes de María, ubicada en la región norte del departamento de Bolívar. Mampuján, y su vecina Las Brisas, en marzo de 2000 fueron atacados por paramilitares, quienes los acusaron de colaborar con las FARC. Doce personas fueron torturadas y ejecutadas sumarialmente, el resto de la población fue expulsada.

La situación de estas dos comunidades muestra el microcosmos de los complejos problemas y posibilidades que serán afrontados por incontables comunidades después de la firma de los acuerdos de paz. Mis colegas han trabajado de forma cercana con las comunidades de Mampuján y Las Brisas durante los últimos 4 años, enfocándose en el acceso a la verdad de lo que ocurrió, así como en justicia y reparaciones y en esfuerzos para asegurar la no repetición.

Ha habido progreso considerable en algunas áreas, y ninguno en otras. La mayoría de las familias no tienen todavía una casa a la que regresar. Las promesas para construir el afirmado de la carretera entre Mampuján y Las Brisas –vital para transportar y comercializar la producción agrícola de la que dependen ambas comunidades– no se ha materializado todavía.

Mejor, aunque incompleto, ha sido el progreso en el área de justicia y reconciliación: dos de los dirigentes paramilitares que confesaron su participación en los ataques a las dos comunidades durante la primera sentencia bajo la ley de Justicia y Paz que se aplicó a la desmovilización de paramilitares entre 2005 y 2006, fueron encarcelados. Los líderes de la comunidad de Mampuján –y esta comunidad cuenta con algunas personas muy destacables, incluyendo un grupo de mujeres ganadoras de un galardón- se reunieron con ellos cara a cara en la cárcel, lo que tuvo un gran impacto en la comunidad. Se han planificado esfuerzos adicionales en materia de reconciliación, en este momento los dos hombres, aquellos que los líderes de la comunidad creen que están genuinamente arrepentidos, han cumplido su sentencia.

Alan Jara, el director de la Unidad de Víctimas quien viajó conmigo a Mampuján fue el mismo secuestrado y mantenido en cautiverio por las FARC durante casi ocho años. Él hizo una poderosa presentación que reforzó los esfuerzos propios de la comunidad hacia el perdón y la reconciliación declarando que lo más importante era que lo que había ocurrido en Mampuján –y a él mismo- no ocurriera de nuevo. Él le contó a la comunidad que le parecía “increíble que haya incluso un debate” sobre no votar que “sí” en el plebiscito del domingo. En su opinión, y lo cito, “hay 8 millones de víctimas, y por lo tanto 8 millones de razones para terminar el conflicto”.

Hay miles y miles de mampujanos en Colombia y el gobierno necesita dedicar masivos recursos para capitalizar la oportunidad creada por el proceso de paz. Las carencias presentes en muchas zonas rurales de Colombia son sorprendentes, con un promedio del 44% de la población viviendo en pobreza multidimensional, comparado con el 15% de la población urbana en esta situación.

Los datos son mucho peores en las zonas donde la mayoría de la población es indígena o afrocolombiana. En el departamento del Chocó, por ejemplo, donde la población es el 82% afrodescendiente y el 12% indígena, la pobreza afecta al 68% de la población. En la Guajira, el departamento con la mayor población indígena, el 53% vive en la pobreza, aunque la Guajira tiene uno de los mayores ingresos de petróleo del país.

En este y otros departamentos similarmente afectados, la inequidad resulta en la muerte de niños por desnutrición y falta de acceso al derecho a la salud. Mi Oficina ha recogido información que muestra que niños y niñas indígenas y afrocolombianos en el Chocó continúan muriendo de tos ferina, gastroenteritis y enfermedades respiratorias como resultado directo de los obstáculos que encuentran para acceder a servicios de salud adecuados.

Además, en muchos casos, no solo no tienen acceso a agua potable y servicios de saneamiento básico, dependen de agua que está contaminada con deshechos de mercurio vertidos a los ríos por empresas de minería de oro ilegales que operan con el conocimiento total de autoridades locales, departamentales y nacionales. Hace dos días visité algunos lugares de minería ilegal en el rio Atrato en el Chocó en compañía del Ministro de Ambiente, quien reconozco está trabajando incansablemente en este problema pero confronta considerables resistencias, poca priorización, falta de coordinación entre las entidades de Gobierno y del Estado, corrupción y el fracaso para involucrar a las comunidades para encontrar soluciones legales viables.

Mujeres y niños son particularmente afectados: de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Colombiano, la tasa de mortalidad materna en el Chocó es de 181.64 por 100.000 nacidos vivos, más de cinco veces superior a la tasa de Bogotá con 33.7. De forma similar, las tasas de mortalidad en niños menores de cinco años están al 31.86 por 100.000 nacidos vivos en Chocó, tres veces la tasa de Bogotá con 11.76.

Si bien el conflicto y las operaciones de las Farc y otros grupos armados, como el Eln y grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas, pueden explicar en parte esta situación, en realidad no hay ninguna excusa que justifique que un país sofisticado de ingresos medios como Colombia pueda producir disparidades tan masivas de indicadores sociales y económicos entre zonas urbanas y rurales. FARC y otros grupos armados fueron nutridos por el fracaso y la angustia sobre las carencias en zonas rurales y es por lo tanto esencial que el Gobierno invierta masivos recursos humanos y financieros para prevenir que se repita la historia.

No es solo las autoridades, organizaciones internacionales como la mía y ONG las que tienen un rol que jugar en la construcción de la paz y el desarrollo. En Medellín, tuve una discusión alentadora con líderes empresariales sobre el potencial del aporte del sector privado. Me impresionó su conciencia sobre el rol transformador de la comunidad empresarial para mejorar la situación de los derechos humanos. Me dejó igualmente impresionado su conocimiento profundo de los desafíos intrincados que enfrenta Colombia en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo en las zonas rurales. Quienes participaron en la reunión también estaban abiertos a la búsqueda de empleo para las víctimas del conflicto y los desmovilizados de las FARC que abandonen las actividades ilícitas y se integren a la vida civil. Adquirir un trabajo que provea un ingreso viable es por supuesto un elemento vital para prevenir que los combatientes desmovilizados sean atraídos por otros grupos armados u organizaciones criminales, uno de los principales temores expresados en el Acuerdo Final de Paz.

Otro tema central es la necesidad de transformar las industrias mineras ilegales e informales, como las que vi en el río Atrato más tarde ese mismo día. De acuerdo a los empresarios con quienes me reuní -y con quienes llevamos años construyendo una relación– el sector privado está dispuesto a aportar a la formalización y regularización de estas industrias destructivas y ha solicitado el apoyo de mi Oficina para ayudar a desarrollar nuevas políticas públicas con este fin, concluyó.