La Defensoría del Pueblo denunció que hay un déficit en la entidad en el presupuesto por lo que no se podrán prorrogar todos los contratos de los funcionarios.

Los defensores públicos advirtieron que si terminan sus contratos miles de procesos judiciales quedarían en el limbo.

«La Defensoría no puede terminar los contratos de esa forma porque deja abandonada la representación judicial de todos los procesos que se están adelantando en los estrados judiciales», afirmó la vocera de los defensores, Claudia Arévalo.

Entre los procesos que quedarían en el limbo estarían inasistencia alimentaria, de fijación de cuota alimentaria, abuso de menores, acciones de grupo y populares quedarían sin representación.

Indicaron que las Casas de Justicia, donde se atiende a la población más vulnerable y víctimas del conflicto, quedarían sin defensores.

«Pedimos a la Defensoría que le dé continuidad a los contratos de prestación de servicios con mira de no dejar abandonados los procesos judiciales de la comunidad», manifestó Arévalo.

De acuerdo con los funcionarios, serían más de 1.000 los funcionarios afectados de los cerca de 4.100 que tiene la entidad a nivel nacional.

“Se están violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos al acceso a la justicia ya que los usuarios no tendrán accesos a sus procesos por la falta de defensores”, aseguró Gerardo Duque, presidente del Sindicato de Defensores Públicos de Colombia.

La Defensoría precisó que hay un déficit de 35.000 millones de pesos para realizar contrataciones y prorrogar los contratos de los defensores públicos.

La entidad espera que le sea asignado más presupuesto para poder prorrogar los contratos.