La Policía desmanteló una red conformada por trece personas que se dedicaban a extorsionar desde varias cárceles del país a ciudadanos, especialmente de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, estos sujetos hacían las llamadas extorsivas desde centros penitenciarios. Se hacían pasar por autoridades y, diciendo que habían detenido a algún familiar, exigían entre $2 y $5 millones, donde personas ponían a disposición sus cuentas bancarias para que allí se consignara el dinero fruto de la extorsión.

Las llamadas provenían de cárceles de varias ciudades. Por ejemplo, alias “Mape” y alias “Paisa”, supuestos líderes del grupo delincuencial, lo hacían desde la cárcel Picaleña, en Ibagué.
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Según con el coronel Luis Enrique Sánchez, comandante del Grupo Antiextorsión y Secuestro del Gaula de la Policía de Bogotá, en la cárcel Picaleña, de Ibagué, es el origen de muchas de las llamadas amenazantes.

En el momento que la víctima accede a sus pretensiones, los criminales le dan el número de una cédula (muchas veces robada o suplantada) para que hagan un giro del dinero exigido.

A pesar de que las cifras muestran una reducción del 44 % en la extorsión en Bogotá, en lo que va corrido del año y en comparación con 2015, el delito se ha diversificado.