Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, presentó las estrategias implementadas por el Sector Defensa en la lucha contra la extracción ilícita de yacimientos mineros en el foro del periódico El Espectador ‘Apuestas y desafíos en la lucha contra la minería ilegal’, #HablemosDePosconflicto, que se realizó en la universidad Santo Tomás, de Bogotá.

Fernández de Soto informó que, en el marco del posacuerdo, la Fuerza Pública colombiana tiene identificados entre sus retos más importantes la lucha contra los Grupos Armados Organizados (GAO) y sus dos principales manifestaciones delictivas, como lo son el narcotráfico y la minería criminal.

Fernández de Soto destacó que se han multiplicado exponencialmente las operaciones contra extracción ilícita de yacimientos mineros y que a través de estas se ha logrado la neutralización de cabecillas de grupos como el ‘clan del Golfo’ y el Eln. Igualmente, agregó, se ha destruido e incautado maquinaria amarilla, disminuyendo de esta manera los ingresos de los grupos armados al margen de la ley.

“En 2016 se han neutralizado a 2.917 personas dedicadas a la minería criminal o al narcotráfico; solo la semana pasada fueron 25. Se han realizado también 677 operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos mineros –destacó el Viceministro–; eso es un crecimiento exponencial a lo que veníamos haciendo en años anteriores y lo que se ve es un robustecimiento y una priorización por parte de la Fuerza Pública para detener el avance de esta actividad criminal que realmente está generando daños importantes al medio ambiente y a la sociedad”.

El alto funcionario resaltó además que las Fuerzas Armadas en 2016 han incautado y/o destruido 381 máquinas amarillas y que gracias a la acción contundente y efectiva de los uniformados, este año se ha incautado 326 toneladas de cocaína, cifra récord que ha superado los registros de los últimos 13 años.

Informó además que el Gobierno nacional, a través del trabajo coordinado desde la Presidencia de la República con los ministerios de Defensa, Justicia y Minas y Energía, presentó un proyecto de Ley al Congreso que busca fortalecer las capacidades del Estado en la lucha contra la extracción ilícita de yacimientos mineros.

Las principales herramientas de esta iniciativa son el aumento de las penas y sanciones por minería criminal, ya que hoy puede ser un delito excarcelable; la creación de un nuevo tipo penal para cubrir aquellas actividades que hoy son impunes y que están asociadas a este tipo de actividades criminales, y la formulación de mecanismos que permitan la trazabilidad de las finanzas ilegales asociadas a la minería ilegal, que a la fecha alcanzan los 6 billones de pesos.

El proyecto busca también crear sanciones ambientales para darle mayor claridad a las autoridades en este tema desde el nivel nacional con el fin de que puedan tomar medidas efectivas en esta materia; también formular normas relacionadas con el tránsito y seguimiento de maquinaria amarilla, para poder ejercer controles y saber de dónde vienen y para dónde van.

“El problema de la extracción ilícita de minerales está presente en 25 departamentos del país y en cerca de 220 municipios, es decir, es un problema disperso que implica un desafío operacional desde el punto de vista de la Fuerza Pública. Además la extracción ilícita de yacimientos mineros no solamente está generando problemas en relación con el financiamiento de grupos ilegales y lavado de activos, sino que también está generando un impacto ambiental”, concluyó Fernández de Soto.