La Contraloría de Bogotá abrió una investigación a nueve funcionarios del Acueducto por el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas, que fue adjudicado a la polémica constructora brasilera Odebrecht.

Por tal razón, el ente de control abrió dos procesos de responsabilidad fiscal y medidas cautelares de embargo de bienes contra estos funcionarios investigados, entre los cuales se encuentran tres exgerentes del Acueducto de Bogotá.

Entre los investigados están Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Ulloa, quienes trabajaron durante la administración de Samuel Moreno, y Diego Bravo, del mandato de Gustavo Petro.

También están investigados gerentes y directivos de área: Jaime Díaz, Nelly Pérez Ulloa, Juan Carlos Quijano, Jaime Humberto Mesa, Julián Montoya y Carlos Alberto Acero.

De acuerdo con la Contraloría, la responsabilidad fiscal suman más de $259.502 millones, de los cuales $242.000 millones son por el contrato original de Tunjuelo-Canoas (el 95% del proyecto) y otros $16.000 millones por el 5% de la obra faltante.

La Contraloría de Bogotá también investiga los $9.122 millones que el Acueducto le pagó a Odebrecht para la recuperación de su maquinaría atrapada en la obra del túnel Tunjuelo-Canoas.

De igual forma, se investigan los $7.271 millones que se devengaron por la medida legal que la constructora brasilera interpuso contra el distrito (Acueducto) por “perjuicios derivados de la actuación ineficiente de la empresa.