El ministro de la Defensa Luís Carlos Villegas confirmó la captura de 201 personas relacionadas con la extorsión desde las diferentes cárceles del país, entre las cuales 34 eran jefes de diferentes grupos dedicados a esta actividad ilegal.

Villegas precisó que se trató de un trabajo interinstitucional en el que participaron de manera directa la Policía Nacional, a través del Gaula, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes planeraron y desarrollaron lo que se denominó la ‘Operación Demoledor’.

En esta intervención «Se identificaron a 34 delincuentes que venían liderando bandas de extorsionistas desde las cárceles La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá), Guaduas (Cundinamarca), La Ternera (Bolívar), Las Mercedes (Córdoba), Doña Juana (Caldas), Pedregal (Medellín), Palo Gordo (Santander), San Isidro (Cauca) y La Vega (Sucre).

A su vez, la vicefiscal María Paulina Riveros, indicó que esta es una de las operaciones más grandes que se haya hecho, pues ya en marzo pasado se había realizado una primera intervención contra varios de estos cabecillas en la cárcel Picaleña, donde se evidenció una sensible disminución de este delito en el departamento del Tolima.

«Aquí la idea es enfrentar de manera paralela el delito de la corrupción, con el análisis del material incautado se podrá reúnir evidencia que permita combatir de igual manera la corrupción que se genera al interior de estos establecimientos carcelarios», precisó la Vicefiscal Riveros.

Indicó además que llamó la atención que se encontraran cuatro modem, con los cuales se permitia la comunicación desde estos lugares.

También se incautaron 246 celulares, 205 Sim Cards, 25 USB y Micro SD, 53 cargadores y baterías, 29 agendas con información de posibles víctimas extorsivas y 160 armas blancas, lo que les permitia a estos bandas recaudar hasta $5 mil millones de pesos mensuales, producto de la extorsión por protección o simple, añadió el jefe de la Cartera de Defensa.

De igual manera, el director del Gaula de la Policía Nacional general Fernando Murillo, advirtió que el modus operandi de los delincuentes consistía en hacer llamadas a nombre de cabecillas de grupos al margen de la ley, mediante las cuales pedían medicamentos o equipos de comunicación de difícil adquisición, para que la víctima terminara pagando en efectivo.

«Estas 13 operaciones permitieron identificar a 34 de estos jefes de bandas de extorsión, por lo que de manera inmediatamente fueron trasladados a cárceles de máxima protección, para que no vuelvan a tener oportunidad de hacer uso de los teléfonos, a la vez se logró individualizar a funcionarios del INPEC, quienes pudieron haber incurrido en corrupción, por lo que serán judicializados», expresó el general Murillo.

Finalmente, el director del Gaula señaló que a partir de la fecha se van a realizar sólo allanamientos, por lo menos en 32 cárceles priorizadas que permitirán recoger pruebas con las que se abrirán procesos penales contra quienes tengan en su poder esta clase de dispositivos electrónicos.