El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, que realiza la Corporación Transparencia por Colombia, que estudia la gestión administrativa de las entidades entre enero 2015 y abril del 2016, evaluó a 167 entidades del nivel nacional (75 entidades), nivel departamental (32 gobernaciones y 32 Contralorías) y 28 municipios capitales.
De acuerdo con Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación, “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones. De esta manera la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”.
Esta evaluación ratifica que los avances e innovaciones normativas e institucionales no son suficientes para remover las prácticas clientelistas y abusivas de los procesos de la gestión pública. En lo formal Colombia avanza, y esas leyes modernas sin lugar a dudas cumplen un papel clave en la transformación de la cultura. Sin embargo, si no cambian las prácticas políticas y administrativas, las normas no serán más que otro vehículo para la frustración e incluso para la desinstitucionalización. Lograr un mejor Estado, que sea capaz de garantizar desarrollo en condiciones de integridad, obliga la acción de gobernantes, servidores públicos y ciudadanos.
Precariedad institucional en entidades de justicia y sector agricultura, que son pilares en la construcción de paz
Los resultados de la evaluación ciudadana señalan que las entidades que portan los mayores riesgos en la rama ejecutiva son las gobernaciones y alcaldías de categorías menores, con calificaciones promedios de 51,0 puntos y 46 puntos sobre 100, respectivamente, y los sectores nacionales de Justicia, con una calificación promedio de 61,7 puntos sobre 100; Interior, con 62 puntos, y Agricultura y Desarrollo Rural, con 63 puntos. En la rama judicial, de las dos entidades evaluadas la Fiscalía obtiene una calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la rama legislativa el Senado obtiene 55 puntos. Es importante resaltar que tanto la justicia como la agricultura y el desarrollo rural serán determinantes en la construcción del país del posconflicto, y debe prestársele especial atención a estas entidades para que sus procesos sean transparentes y que un manejo corrupto de sus recursos o de los procesos que allí se lleven a cabo no le generen al país una nueva frustración.
Alertas para destacar
Contratación pública: mejora la publicidad de los procesos, siguen en deuda las garantías para la competencia y el cumplimiento de la supervisión. La contratación directa representa 74 por ciento en el nivel nacional, 59 por ciento para el departamental y 41 por ciento para el municipal. (Tabla 1). Ahora bien, en el nivel territorial más de 50 por ciento de las licitaciones cuentan con un solo proponente, 59 por ciento en el nivel departamental y 53 por ciento en las alcaldías. En el nivel nacional el 91 por ciento de las licitaciones lograron 3 o más proponentes. En el apartado de la supervisión continúan las alertas: promedio de calificación por debajo de 20 puntos a nivel nacional y de 40 a nivel territorial.
Empleo Público: lento proceso de modernización El indicador de empleo público a nivel nacional logra una calificación promedio de 72 puntos sobre 100, lo cual da muestras de avances en esta gestión, pero en los municipios sólo alcanza 48 puntos y 52 en los departamentos. Los principales problemas del empleo público se concentran en las pobres estrategias de gestión institucional, la persistencia de exageradas brechas salariales y el crecimiento del número de contratistas. Este pareciera un tema inamovible en los contextos de clientelismo, pero por la misma razón es el punto de la gestión que más voluntad política requiere para ser reformado.
Medidas y políticas anticorrupción: apenas avanzando en lo formal. El diseño y adopción de medidas anticorrupción en los procesos de gestión apenas están logrando cumplir con el Estatuto Anticorrupción (L.1474/11). Si bien las entidades formulan el plan anticorrupción, (casi todas las entidades reportaron tenerlo), los mecanismos para ponerlos en marcha, hacerles un seguimiento y financiarlos poco se observan. De otro lado, son pocas las entidades que desarrollan instrumentos básicos para la prevención, que son el establecimiento de políticas claras de conflicto de interés y el funcionamiento adecuado y ágil de canales de denuncias. En la evaluación las calificaciones muestran que el promedio general estos temas están por debajo de 40 puntos.
Se requiere mayor compromiso para promover el diálogo, la participación y la incidencia ciudadana. En el nivel nacional, los indicadores relacionados con la rendición de cuentas y el control social se encuentran por debajo de 60 puntos, y el que califica la atención al ciudadano se encuentra por debajo de los 70. En el nivel territorial la atención al ciudadano y la rendición de cuentas no pasa de 50 puntos, y la promoción del control social no llega a los 70 puntos.
Experiencia de la cual aprender
En medio de este difícil panorama de la institucionalidad en el país es necesario destacar las 35 entidades evaluadas. Sin lograr calificaciones óptimas, estas muestran que han adoptado procesos institucionales con capacidad de controlar los riesgos de corrupción en los procesos de gestión, un primer paso indispensable para mejorar el panorama general. De igual manera, Transparencia por Colombia reconoce y resalta la labor que entidades nacionales y oficinas locales encargadas de la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción vienen adelantando de manera sistemática y con un alto sentido de lo público. Líderes de política pública y funcionarios públicos trabajan en políticas, estrategias y planes innovadores para ser aplicados en los contextos nacionales y locales. Su experiencia es valiosa y contribuye al aprendizaje colectivo.
Transparencia por Colombia se suma a los esfuerzos institucionales y sociales que buscanuna democracia más vigorosa y un Estado más capaz, al tiempo que invita a los distintos estamentos de la nación para que cumplan un papel activo en la lucha contra la corrupción:
1. Ciudadanos, al Cuidado de lo Público. Es necesario que más ciudadanos se sumen al control social como medio para proteger los asuntos públicos, desde lo electoral hasta los procesos de gestión pública, y más aún a lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la estrategia del posconflicto. Así mismo, invitamos a la ciudadanía denunciar con vigor los hechos de corrupción, a participar de manera activa en los procesos de rendición de cuentas y a sumarnos en alianzas que hagan posible que las cosas cambien.
2. Autoridades públicas, a modernizar y reformar la gestión del empleo público en Colombia. El principal recursos de la gestión pública son sus servidores. Es necesario garantizar condiciones laborales estimulantes y que garanticen sus derechos. La presión del clientelismo y el contrato temporal no lo permiten.
3. Órganos de investigación y sanción, a aumentar su eficiencia en los procesos de investigación que vinculan la corrupción en la política con la corrupción administrativa. Promover una acción integral de los órganos de control para proteger la participación política, la contratación pública, la provisión de bienes y subsidios y la incorporación de servidores públicos.
