–“El 2 de Mayo de 2002 aquí las Farc asesinaron a 119 personas ¡Que no se nos olvide nunca!”, rezaba una pancarta que instalaron a la entrada del pueblo los sobrevivientes de la masacre de Bojayá, cuando el grupo guerrillero en una confrontación con los paramilitares lanzó un cilindro-bomba que cayó en la iglesia donde se refugiaban los habitantes del poblado.

La dimensión de los hechos, y la amplia difusión en los medios de comunicación, hacen de Bojayá un crimen de guerra difícil de olvidar para la mayoría de los colombianos, reseñó Gonzalo Sánchez G., director del Grupo de Memoria Histórica, en un informe que publicó bajo el título «Bojayá:la guerra sin límites», y que resume una investigación realizada sobre el trágico hecho, sobre la cual advierte que no hubiera sido posible sin la participación de mujeres, hombres, abuelos, jóvenes, niños y niñas de las comunidades de Bellavista, Napipí (Bojayá – Chocó), y Vigía del Fuerte (Antioquia); muchos de los cuales hacen parte de familias víctimas de la masacre o se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Quibdó.

El 29 de septiembre de 2016 los cabecillas de las Farc alias Iván Márquez y alias Pastor Alape pidieron perdón en la misma iglesia en la que se produjo la matanza y dejaron allí un Cristo Negro, elaborado por un artista cubano, en homenaje a las víctimas.

Tácitamente, en referencia a este hecho, el presidente Juan Manuel Santos trinó este martes:

Al cumplirse este martes 15 años de la masacre reproducimos a continuación apartes fundamentales de la publicación del Grupo de Memoria Histórica, en la cual establece responsabilidades:

El 2 de mayo de 2002, luego de que 79 personas murieran y decenas resultaran heridas como consecuencia de la explosión en el centro religioso local de un cilindro bomba lanzado por las Farc, en su confrontación con los paramilitares, la población quedó a merced del fuego cruzado pese a que con anterioridad a la masacre fueron emitidas más de siete alertas por parte, entre otras, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH- , la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que advertían sobre la inminencia de un enfrentamiento, sin haber encontrado respuesta alguna. La comunidad abatida e inerme recibiría auxilio de autoridades civiles pasados dos días y de las Fuerzas Militares sólo cuatro días después, cuando la tragedia ya estaba consumada.

Un crimen de guerra

El enfrentamiento se produjo en Bellavista, en el corazón de la cabecera municipal de Bojayá, y sitio de concentración de la mayor parte de la población, la cual estuvo prácticamente sitiada durante varios días soportando los más agudos padecimientos en materia de salubridad y hambre. La población civil en estado de indefensión, quedó como escudo ante la total indiferencia de los señores de la guerra que atacaban blancos civiles de manera indiscriminada, recurriendo repetidamente al lanzamiento de armas no convencionales, tales como cilindros bomba con metralla, e impidiendo la atención y auxilio médico a las personas heridas.

Todas estas circunstancias hacen que lo sucedido en Bojayá pueda ser catalogado como un crimen de guerra.

Allí se quebrantaron, en efecto, todas las normas de protección o salvaguarda de la población civil frente a peligros y vulneraciones procedentes de operaciones militares en medio del conflicto –reguladas particularmente por el derecho internacional humanitario-, no sólo por parte de las FARC sino también de los paramilitares. Resulta repudiable, por decir lo menos, que mientras entre los combatientes practicaban una “guerra de caballeros”, pactando incluso las horas de inicio y cierre de los enfrentamientos, las hostilidades no se hubieran suspendido ni siquiera después de que un cilindro bomba, de los tantos que lanzaron las FARC, impactara la Iglesia en la que la comunidad local se resguardaba del combate. Los daños y sufrimientos de hombres y mujeres -adultos, niños y ancianos-, ostensibles para ambos contendores, no suscitaron la más mínima consideración.

No hubo treguas para la población, sólo para el descanso de los combatientes, una expresión más del menosprecio de los actores armados hacia la población civil.

Los bojayaseños estaban solos. La llegada de la Fuerza Pública días después de lo sucedido no garantizaba protección efectiva la gente, ni la ayuda humanitaria anunciada. Los ametrallamientos indiscriminados, los saqueos, el intercambio complaciente de miembros del Ejército con algunos de los perpetradores, dejaban a la población civil como único recurso el desplazamiento forzado a Quibdó o a otras poblaciones para escapar de la confrontación armada.

Recriminaciones recíprocas, responsabilidades negadas

La responsabilidad criminal en la masacre de Bojayá se ha pretendido diluir en un círculo de recriminaciones recíprocas, o se ha enfocado en uno solo de los actores armados. En este forcejeo de imputaciones, las responsabilidades políticas han quedado opacadas por los impactos inmediatos de las escenas de horror. Desde el momento mismo de los acontecimientos hasta hoy los actores armados y los institucionales han abierto un abanico de versiones, que en el imaginario social han operado casi como sustitutos de la justicia y de la verdad, una verdad que a menudo excede las responsabilidades que se pueden establecer por los entes judiciales. La no diferenciación, pero también la exoneración de responsabilidades, o una equivalencia entre las mismas, es distorsionadora y puede resultar peligrosa. En efecto, la discriminación de la culpabilidad es indispensable no sólo para la aplicación de la justicia y la valoración del castigo, sino también para la determinación de los daños ocasionados y el establecimiento de las medidas de reparación integral.

La responsabilidad criminal de las Farc es incuestionable para el común de los colombianos. Fueron los guerrilleros del frente José María Córdoba quienes lanzaron un total de cuatro pipetas sobre la población, una de las cuales explotó en la Iglesia-refugio.

Por eso suenan tan provocadoras las declaraciones del grupo insurgente, que presentan lo sucedido como un simple error o un daño involuntariamente causado, y que además trasladan la carga de la culpa a las Fuerzas Militares aliadas con las Autodefensas Unidas de Colombia. La masacre, descrita como una de las más grandes tragedias humanitarias en Colombia, es consecuencia de una acción reiterada desde 1998, el uso de cilindros bomba convertidos en armas por parte de la organización insurgente. Sus efectos destructivos en objetivos militares y también en la población civil eran ya de público conocimiento.

En Bojayá ya habían sido empleados en el año 2000.

La masacre de Bojayá marcó un punto de inflexión en la mirada hacia las FARC dentro y fuera del país, y en general sobre las representaciones del conflicto armado interno. Las FARC eran ya una guerrilla desacreditada internamente, tanto por el fracaso de los diálogos de paz del Caguán, atribuido por muchos a su falta de voluntad política, como por la crueldad de sus acciones, no sólo contra civiles sino contra la Fuerza Pública.

En este contexto, Bojayá fue tal vez el episodio de violencia límite que terminó por quebrar la legitimidad social y política que pudiera tener todavía la insurgencia. De hecho, la masacre sería presentada por los gobiernos saliente y entrante como la demostración palmaria de que con una guerrilla degradada era imposible la negociación política. La imagen de una guerrilla campesina y heroica, promovida desde las propias filas insurgentes, y compartida por muchos, se transformó después de Bojayá en la de una guerrilla destructora y sanguinaria. La idealización de la lucha guerrillera de las FARC quedaba en el pasado.

Adicionalmente, y a consecuencia de ello, la condena del hecho criminal por varias ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y la catalogación de las FARC por la Unión Europea como organización terrorista, le puso freno a la denominada diplomacia paralela de la insurgencia. La determinación de la Unión Europea fue a su vez el preámbulo del viraje gubernamental hacia la prevalencia de la vía militar en el manejo del conflicto armado interno, línea que se impuso con la elección popular de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República. Hasta el momento, la justicia colombiana ha vinculado penalmente por estos hechos a un total de 36 guerrilleros, incluidos miembros reconocidos de la cúpula de las FARC.

Aunque la opinión dominante da por sentado que el esclarecimiento de los hechos y de los responsables de la masacre de Bojayá es asunto resuelto, cabe anotar que frente a otros niveles de responsabilidad los avances son muy precarios. Es preciso señalar igualmente que la masacre no fue el fin de la guerra en la región, a pesar de la amplia presencia desplegada por las Fuerzas Militares en la zona desde el 2003. La guerra sigue cobrando víctimas en todo el Medio Atrato al momento de hacer público este informe, ya que la municipalidad está enclavada en un corredor estratégico del río y del mar, cuyo control se disputan insurgentes, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales.

Los paramilitares de forma conjunta con las FARC participaron activamente en la exposición de la población civil al fuego cruzado, elemento central del escenario en el que se produjo la masacre. La argumentación contrainsurgente de que su presencia allí era defensiva de la población de Bojayá, secuestrada por las FARC, o el intento de banalización de lo sucedido como una pelea más en los avatares de la guerra, son injustificables estrategias de encubrimiento de su responsabilidad manifiesta. A ello se suman otras violaciones de normas humanitarias, como el desplazamiento forzado y el pillaje posterior a la masacre, que hacen igualmente responsables de crí menes de guerra a las Autodefensas Unidas de Colombia.

Dejar sin castigo judicial a los paramilitares sería cerrar los ojos a su quehacer delictivo. Las condenas a miembros de las FARC no son cierre del proceso judicial por la masacre y no pueden convertirse en una especie de salvaguarda que neutralice la condena pública y la exigencia de justicia con respecto a la responsabilidad de los paramilitares. Es preciso romper con la visión fragmentada de los hechos que aísla el evento/masacre del entramado de actores y confrontaciones que estuvieron en el origen y desenlace de lo sucedido el 2 de mayo de 2002 en Bojayá.

Por su parte, el Estado colombiano renunció desde antes de la masacre a su deber constitucional de proteger a los ciudadanos y ciudadanas de Bojayá. Desde dos años antes (marzo de 2000), y luego de una cruenta toma simultánea de las FARC a las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá en represalia a la presencia paramilitar, fueron retirados los miembros de la Policía nacional, únicos representantes de la Fuerza Pública en la zona. La institucionalidad civil de Bojayá encabezada por su alcalde también huyó sin que éste fuera reemplazado o apoyado como se debía, en una nueva claudicación del Estado.

El Estado, reconociendo o arguyendo su impotencia, dejó a los bojayaseños a su suerte, o no se sabe si peor, pareció delegar en grupos armados ilegales la seguridad de los pobladores que él no estaba en capacidad de garantizar. Bojayá se convirtió, a su manera, en la expresión de un estado local fallido e ilustra la condición de abandono de muchas localidades colombianas que se debaten entre la violencia y la miseria. En el 2002 había 158 municipios colombianos sin presencia permanente de la Policía.

Bojayá era uno de ellos.

Y entre el año 2000 y el 2003 hubo 160 alcaldes obligados a gobernar desde fuera de su municipio por la presión de los grupos armados ilegales. Dentro de esos alcaldes a distancia estaba el de Bojayá.

Todo esto muestra que no se trató de un hecho inesperado.

La masacre de Bojayá estuvo precedida por numerosas alertas que advertían la gravedad de los hechos que se estaban incubando y que el Estado desatendió. Un “Genocidio anunciado”, editorializó críticamente un diario nacional. Pese a ello, el Estado no asume su culpabilidad sino que “se solidariza” con la comunidad de Bojayá, eludiendo su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos y erigiéndose él mismo como víctima de las FARC. Estado y sociedad víctimas de las FARC, parecía ser el estandarte justificador de la pasividad institucional frente a la barbarie. La responsabilidad del Estado en Bojayá es en principio una responsabilidad política derivada del incumplimiento de su deber como garante de derechos. Pero va más allá.

En el plano administrativo, el Estado recibió en el 2008 las dos primeras condenas por su inacción frente a las alertas tempranas divulgadas con ocho días de anterioridad. La eventual culpabilidad criminal, por omisión, de los responsables militares de la zona o por complicidad de agentes la Fuerza Pública en la masacre, es una materia todavía pendiente y sobre la cual hay celosa reserva en la Jurisdicción Penal Militar.

Se puede afirmar que la institucionalidad fantasmal del Estado precede la masacre, y que es la Iglesia católica, la que a través de la Diócesis de Quibdó, suple su ausencia, pese a que ella también sufre los estragos de la guerra en la región.

“Esta tragedia se pudo evitar pero el Estado sólo entra a un pueblo cuando han matado a un poco de gente” , describe con crudeza y también con resignación un habitante de Bojayá. Y es que la reclamada presencia del Estado sólo se materializa después de la masacre. Como en tantos otros lugares de la guerra, el Estado colombiano ha comenzado a instalarse o a hacerse visible en la zona, cabalgando sobre los acontecimientos, en una especie de reconocimiento de que el territorio y la población solo cobran existencia real por cuenta del conflicto armado.

Lo sucedido en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, pone en evidencia de manera dramática el desamparo y la soledad en la que viven la guerra centenares de pequeños poblados colombianos, alejados de los principales centros administrativos y políticos del país, y carentes de los recursos más elementales, incluidos los de comunicaciones.

Marginalidad y violencia se encuentran con todos sus efectos perversos en estos rincones olvidados de la geografía colombiana.