–El partido de oposición Centro Democrático arreció sus críticas contra la catarata de 34 decretos con fuerza de ley promulgada por el presidente Juan Manuel Santos para implementar el acuerdo del fin del conflicto y los nuevos beneficios que a través de ellos le otorga a las Farc.

Fundamentalmente, a través del senador Alfredo Ramos Maya, advierte los elevados costos que le representarán al país la reincorporación social y económica «de los miembros del grupo terrorista», consagrada en el Decreto 899 del 29 de mayo.

El congresista estima el costo en 208 mil millones para los 6.800 presentes en las zonas de concentración por los dos primeros años y, después de ese tiempo y de forma indefinida, en un total de 35 mil millones anuales para desempleados de las Farc.

Según Ramos, los decretos ley firmados por Santos «son ilegítimos, al desconocer los resultados del 2 de octubre de 2016 y recordar que, con humillación, deben tener autorización de las Farc».

“Es muy grave que 4 mil miembros condenados de las Farc y 20 mil adicionales que ya se habían desmovilizado, recibirán los mismos beneficios económicos y que podrían costar 800 mil millones los dos primeros años, y unos $140 mil millones anuales después de ese tiempo”, señaló el senador de Centro Democrático.

Por su parte, el representante a la Cámara por el mismo partido Edward Rodríguez, denunció las multimillonarias partidas entregadas en adición a las cinco empresas encargadas de la habilitación de campamentos en zonas veredales para miembros de las Farc en proceso de desarme.

El Congresista afirmó que antes de la salida de María Inés Restrepo Cañón de la Dirección del Fondo de Programas Especiales para la Paz, adscrito a la Presidencia del República, por los contratos por 53 mil millones de pesos firmados en diciembre de 2016 de manera exprés, habría dejado adiciones por otros 82 mil millones a las cuestionadas empresas Luket SAS, Romart del Llano, JT Soluciones Integrales, Distribuidora Remen CMT SAS, y SAMA Distribuidora y Comercializadora SAS.

Rodríguez anunció que solicitará a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigar las presuntas anomalías en los millonarios contratos, que en su momento fueron entregados para la construcción de la infraestructura de algunos de los ocho campamentos y las 26 zonas veredales transitorias de normalización.

«Resulta sospechoso que en menos de dos meses se hayan realizado adiciones que superan el 100 por ciento del valor inicial de los contratos, las cuales ascienden a 82 mil millones de pesos y que aparte de eso se les prorroguen los plazos de ejecución a obras sobre las cuales aún persisten críticas y denuncias por incumplimientos», precisó.

De otro lado, la senadora María del Rosario Guerra se pronunció en torno a la prórroga de 20 días para la entrega de armas por parte de las Farc.

En una constancia que dejó en la plenaria del senado, la congresista recordó las palabras de Humberto de la Calle el 24 de agosto de 2016 cuando anunciaba el fin de las negociaciones de La Habana: “Las armas desaparecerán de las manos de las Farc”.

«Qué triste es ver la realidad 9 meses después: Las Farc siguen armadas e incumplirán día D+180 que es el 1º de junio», señaló.

Además dijo que el Gobierno sigue arrodillado y durante este fin de semana promulgó más de 20 decretos para garantizar la reincorporación de las Farc con todos los beneficios, antes de que se acabaran sus facultades extraordinarias.

También señaló: Ojalá las Farc hubieran corrido de esa manera para entregar sus armas, pero ante la laxitud y falta de rigor del gobierno y de la ONU frente al tema, al no tener un inventario con el número de armas que debían haber entregado. Se habla de 7.000 guerrilleros concentrados pero en el último informe de las Naciones Unidas se reporta la entrega de solo 1.000, es decir que no han entregado ni la dotación personal. Tampoco hay reporte o claridad de caletas y 50 toneladas de armas.

Pero como acá no pasa nada y es un acuerdo “histórico” –palabra con la que el Gobierno ha justificado todo- se les da un plazo de 20 días más para terminar la entrega de armas y además se les justifica. El Presidente dijo que el plazo se otorgaba en razón a que las zonas veredales no están terminadas, pero la verdad es que todas las zonas –excepto dos- tienen los containers donde debían dejarse las armas, según dice la ONU. ¿Por qué no se entregaron?, preguntó y añadió:

«Peligroso que con estas dilaciones terminemos en un proceso como el del Caguán donde las Farc se benefician y fortalecen. En el actual escenario mucho más, si se tiene en cuenta que los proyectos impulsados por el gobierno en el Congreso se les ha dado beneficios políticos, impunidad total y con el “decretón” del fin de semana se le suma todas las garantías para una reincorporación (Decreto 899); Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Decreto 893), Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía (898), entre otros».

Finalmente Maria del Rosario Guerra precisó: «Me pregunto, si aquí hay una negociación bilateral o es solo de un gobierno dadivoso que se deja arrodillar porque le apostó todo a un proceso con las Farc. Del Gobierno a las Farc todo, pero de las Farc al Gobierno nada. Y del Gobierno a los colombianos de bien ni pío. Solo les sube impuestos para financiar a las Farc, pero incumple sus promesas».

Finalmente, la representante a la Cámara Maria Fernanda Cabal, escribió una columna en la web de Centro Democrática bajo el título «El show del perdón», en la cual comienza diciendo:

«Si a la pantomima con las Farc se le llamó ‘proceso de paz’, difícilmente puedo encontrar un nombre decente para adjudicarle a la nueva farsa con el Eln».

Luego hace las siguientes precisiones:

El país, harto de violencia y terrorismo, minimizó el poder de esta guerrilla que, amparada en el cubrimiento mediático a las Farc, delinque ahora con mayor amplitud. Con la tranquilidad que les genera la ‘inquebrantable voluntad’ de Juan Manuel Santos, toman la temperatura del país, que no estaría dispuesto a ceder más de lo que la dignidad permite.

Está agendado el ‘show del perdón’ por la masacre de Machuca. La parodia cínica de hacerlo en Segovia, en donde tienen el terreno abonado, no refleja ni una mínima intención de buscar perdón y reconciliación.

Una madrugada de octubre de 1998, el Eln dinamitó el Oleoducto Central de Colombia en la población de Segovia, incinerando a 84 de sus habitantes. Sin revictimizar a los pobladores de la región, el show del perdón está siendo planeado justo allí, donde todo el andamiaje está preparado e impulsado por la ‘participación de la sociedad’ a través de organizaciones integradas por simpatizantes y militantes del Eln. Si fuera este un acto de auténtico arrepentimiento, lo harían con los feligreses de la iglesia La María.

El Eln mantiene el cinismo burdo de afirmar que no abandonará la abominable práctica del secuestro extorsivo y, al preparar el show del perdón en Segovia, se burlan una vez más de un país al que pretenden convertir en una sociedad agradecida e impulsora de una nueva farsa peor que la de las Farc.

Nada bueno para Colombia podemos esperar de la negociación con el Eln. Solo la misma receta, con una sociedad desgastada por la polarización y dos guerrillas fortalecidas.

No hay enemigo pequeño y este grupo terrorista es ahora el dueño y señor de los territorios que les legaron las Farc. Parece que este gobierno jamás aprendió de las lecciones que dejó el pasado, cuando la indulgencia en un proceso de paz denominado “la tregua”, nos convirtió en un ‘Estado fallido’. Y hoy se repite la historia», concluye.