–Once millones 100 mil dólares deberán reintegrar al fisco nacional los implicados en los sobornos de la firma brasileña Odebrecht para obtener la adjudicación del contrato de construcción del tramo 2 de la Ruta del Sol.

Así lo reiteró la Procuraduría General de la Nación, en el marco de una audiencia pública realizada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en desarrollo de la acción popular instaurada por el Ministerio Público.

Allí, la Procuraduría solicitó la adopción de medidas cautelares para garantizar la viabilidad del proyecto ante los graves hechos de corrupción en materia de contratación pública, descubiertos en la adjudicación de la licitación 001 de 2009 a la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol SAS.

El órgano de control indicó que cualquier acuerdo al que lleguen las entidades, empresas y personas naturales que fueron objeto de la acción de popular debe tener como base no solo el reintegro de ese dinero, sino también asegurar la continuidad del proyecto y de la prestación del servicio público de transporte, mediante un plan de acción para la ejecución del mismo.

En su intervención, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, pidió también especial protección para los derechos de los trabajadores, subcontratistas de obra y demás empleados que laboran para la concesionaria.

Finalmente, la Procuraduría insistió en el compromiso que debe asumir el sector de infraestructura para observar buenas prácticas anticorrupción en los nuevos procesos licitatorios y de concesión que deberán cumplirse para culminar con éxito el proyecto Ruta del Sol tramo 2. La próxima semana será oficializado este acuerdo.

En desarrollo de la audiencia, y como respuesta a las peticiones del Ministerio Público en la acción popular, Invías anunció la asignación de recursos para darle continuidad a las obras, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, expresó que ya está constituyendo una alianza público privada para tener en 2018 un nuevo concesionario para la Ruta del Sol.

El trámite de la acción popular continuará con la práctica de pruebas ordenadas por el magistrado.