La Corte Constitucional le solicitó a los organismos de control que adelanten las investigaciones frente a las denuncias que existen con respecto a las trabas administrativas que imponen las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para atender casos relacionados con la eutanasia.

Esta orden tiene que ver con una acción de tutela presentada por la familia de una mujer que buscaba que se le reconociera su derecho a morir dignamente luego que los tratamientos para atender una grave enfermedad no fueran efectivos.

La acción judicial indicaba que tanto el médico tratante y la Clínica no atendieron su petición.

Según con los familiares de la mujer, se le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud y a la muerte digna, puesto que pese a la existencia de normas claras frente al tema siempre recibieron una negativa.

En el análisis jurídico, la Corte consideró que en efecto existieron falencias.

De acuerdo con el alto tribunal, la falla en la aplicación de las normas afectó a la familia y a la mujer, por lo que dio un plazo para corregir estos errores.

«El derecho a morir dignamente ha sido reconocido en nuestro país como un derecho fundamental y autónomo (…) constituye un trato cruel el obligar a un sujeto a subsistir en medio de padecimientos que afectan su vida en condiciones dignas», indicó el alto tribunal.

«La decisión de una persona de morir dignamente supone el deber del Estado de garantizar las condiciones para que dicha decisión corresponda al querer del sujeto, sin prolongar su existencia y aflicciones cuando no lo desea», agregó el alto tribunal.

Por lo tanto, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención frente a la falta de regulación para la aplicación de la eutanasia en Colombia «que permita determinar con claridad todos los presupuestos bajo los cuales debe ser garantizado» por lo que pidió al Congreso tomar cartas en el asunto.